Oruro, Bolivia. 23 de septiembre de 2018
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Omisión de la asistencia familiar:

Un abuso silencioso que transgrede más que los golpes e insultos

Violencia contra las madres

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Periodista | EL FULGOR.com
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location_city La Paz, Bolivia
date_range 22 de octubre de 2017

Han pasado 10 años pero sigue procurando que el Juzgado Público de Familia posibilite que su expareja, con quien tiene un hijo, cumpla con su obligación de brindar asistencia familiar. “He gastado mucho dinero en abogados, notificaciones, mandamientos y no he logrado efectivizar el pago. El padre de mi hijo se ha desentendido de su obligación y prácticamente ha desaparecido”, dice Sandra M. quien prefiere no identificarse para ahorrarse más humillaciones.

Sorteando todos los procedimientos legales presentó al juzgado pruebas objetivas de los bienes de su expareja, con la esperanza de que puedan ser retenidos para el pago de las pensiones, “hasta que el juez admita mi petición para la anotación preventiva, pasaron tres años, tiempo en el cual transfirió sus bienes a terceros y sus cuentas bancarias fueron cerradas. De pronto no tenía nada a su nombre ni domicilio donde encontrarlo”, explica con lágrimas de impotencia y frustración porque supone que ya fueron agotados todos los mecanismos establecidos en el Código de las Familias y que su demanda quedará irresuelta.

Madre abandonada

Sandra M. es una más, entre las miles de madres, que peregrinan todos los días en los juzgados de Familia en busca de asistencia para sus hijos. Son mujeres que han asumido, en total abandono, el cuidado, la alimentación, vivienda, educación y salud de sus hijos, la mayoría sin un sustento económico ni la formación necesaria para insertarse al mercado laboral.

Janeth S. inició su divorció hace ocho años. El juez le fijó una asistencia de Bs 400 (el 20% del salario mínimo nacional) porque su exesposo no cuenta con una fuente laboral estable, “no tengo manera para demostrar sus ingresos reales para pedir un incremento de pensiones, lo que me da no me alcanza ni para cubrir los estudios de mis hijos, además me amenaza con dejar de visitarlos”, relata con pena.

Otro de los grandes problemas que enfrentan las madres que acuden a los juzgados de Familia es demostrar los ingresos reales de su expareja para que el juez, en base a las necesidades de los hijos y las posibilidades económicas de los padres, pueda fijar una pensión que cubra mínimamente el 50% del gasto mensual de la familia, tal como establece el Código de las Familias.

Madre minera

Sin embargo, muchas veces, con la ayuda de los empleadores, los hombres declaran salarios menores a los percibidos, otros que trabajan por cuenta propia, aseguran que están desempleados, los comerciantes y choferes aducen que no ganan lo suficiente e incluso otros presentan pruebas sobre la responsabilidad con terceras personas, como una nueva familia, adultos mayores o hermanos menores que están bajo su dependencia, todo esto para evitar que su expareja disminuya sus ingresos económicos.

“Los más abusivos son los policías y militares, sacan toda clase de préstamos de sus mutualidades para mostrar papeletas sin líquido pagable, incluso otros tratan de desconocer a sus hijos, por no darles asistencia económica”, explica la abogada Heydi de la Riva, asesora legal del colectivo social “Mujeres Creando”, instancia que brinda orientación y patrocinio legal a madres que buscan justicia.

Sin embargo, lo que muchas madres desconocen y los abogados no orientan adecuadamente, es que la Ley 348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia” establece que limitar, controlar o privar de los ingresos económicos y la disposición de los mismos a la mujer, es un delito de acción penal, tipificado como “violencia económica”. El agresor puede enfrentar una pena corporal de dos a cuatro años, además de resarcir los daños económicos.

Madre trabajadora

Son muy pocos los “padres conscientes”, que de forma voluntaria, firman un acuerdo para fijar el monto de la pensión familiar y que cumplen sagradamente esta obligación, son apenas el 5%, al resto hay que demandarlos para que “cumplan sus obligaciones”, sostiene el Juez Cuarto de Familia, Teodoro Molina, quien hace 20 años administra justicia y es uno de los pocos de carrera en materia familiar que aborda en la conversación que sostuvimos, la problemática de la familia con mucho acierto y realismo.

Es difícil detectar sus ingresos, cuando no hay una papeleta de pago, es el problema”, dice el experimentado Juez al destacar que un promedio de 30% de padres que están en ese juzgado son asalariados, el resto son de profesión independientes y desempleados, “según ellos”-ironiza- Molina.

La Encuesta Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), da cuenta que el total de padres en Bolivia es de 1.832.381, de los cuales sólo el 29% es trabajador asalariado, es 12,6% es obrero, 6,7% de los padres son inactivos; es decir, realizan quehaceres domésticos, son jubilados, tienen capacidades diferentes, estudian o no trabajan, mientras que el 49,6% es trabajador por cuenta propia.

En base a éstos datos estadísticos se presume que el 70% de las madres que acuden a los juzgados de familia en todo el país, sólo lograrán beneficiarse con la asignación familiar mínima de Bs400 (establecido en Código de Familias) para el sostenimiento de sus hogares, compuesto según los datos ponderados del INE por tres hijos (EH 2015), ya que los obreros perciben el salario mínimo nacional y del resto no se cuenta con información de sus ingresos reales.

La asistencia familiar se paga a “cuentagotas”

Ante la injusticia, la sanción moral es un consuelo

Cuando el sistema de justicia no funciona y el Estado no es capaz de resolver los problemas, en la sociedad surgen otras formas de demandar justicia mediante la sanción moral de la opinión pública.

Radio Deseo, en la ciudad de La Paz en frecuencia 103.3 FM abrió un brazo social para denunciar “por los micrófonos” la violencia machista y patriarcal de algunos “padres irresponsables” que se niegan a pasar pensiones a sus hijos y ejercen violencia económica contra sus parejas o exesposas.

Una larga lista de padres -que evaden el pago de asistencia familiar- se difunde en sus emisiones diarias, con la música de fondo de Chavela Vargas o Paquita la del Barrio, salen nombres, apellidos, ocupación y lugar de trabajo del “padre irresponsable”; entre ellos están connotados políticos, ministros, carpinteros, choferes, militares, vendedores, catedráticos e incluso jueces, lo que muestra que esta problemática no tiene que ver con el grado de instrucción sino que es parte de una sociedad que mantiene patrones machistas y patriarcales, casi intactos.

La Asesoría Legal del colectivo social de Mujeres Creando atiende un promedio de 2.000 casos anuales de “mujeres demandando justicia”, de las cuales el 90% requiere asistencia familiar; “cifra que cada día va en ascenso”, explica la Trabajadora Social, Paola Gonzales, al mencionar que todos los días acuden a la emisora un promedio de 30 mujeres en busca de orientación y patrocinio legal.

En Santa Cruz de la Sierra, el programa radial “Subirana Responde” abre el micrófono a las mujeres sin acceso a la justicia. Subirana, quien es abogado y propietario del periódico “La Estrella del Oriente”, atiende los casos de madres e hijos que cuentan su historia y demandan a los “padres irresponsables”, con nombre y apellido que paguen la asistencia familiar que adeudan.

Cada año 50 mil madres imploran justicia

Según datos del Consejo de la Magistratura de Bolivia, un promedio de 538 demandas nuevas, a nivel nacional, ingresan diariamente a los 94 juzgados de Familia, para tramitar divorcios y el pago de la asistencia familiar, y que la misma se cumpla invariablemente todos los meses, ya que muchos de los padres, una vez separados se deslindan de sus responsabilidades económicas.

Al término de la gestión las demandas nuevas crecen a 50.000, que sumadas a la carga procesal pendiente de la gestión anterior ascienden a 116.720 casos, que son atendidos en los juzgados públicos de Familia, de los cuales el 52% son “resueltos”, pero seguirán peregrinando en los tribunales durante 25 años, tiempo en el cual las madres pedirán incremento de pensiones, con mucha suerte y la mayoría liquidación de pensiones adeudadas.

Movimiento nacional de causas en los juzgados de Familia

* Ante una demanda, cada vez más creciente de justicia de las familias bolivianas, por efecto de la aplicación del Código de Familias, desde la gestión 2016, los 170 juzgados de partido y de instrucción cambiaron de denominativo y se fusionaron en 94 Juzgados Públicos de Familia.

Luchar para sobrevivir

Cuando las mujeres se ven obligadas a asumir solas la crianza de los hijos –alimentación, salud, educación, vivienda y vestimenta entre otros gastos-, debido al abandono que ejerce el padre, se vuelven más vulnerables a caer en la pobreza extrema, pues la mayoría no tienen empleo ni cuentan con otra fuente de ingresos.

Según la Encuesta de Hogares (EH 2015) del Instituto Nacional de Estadística INE, sólo el 19% de las madres en Bolivia, cuenta con estudios superiores o una formación técnica que le permitan incorporarse al mercado laboral; pero en el área rural, la situación de las madres es más compleja, ya que la mayoría, el 46,4% sólo cuenta con estudios de primaria completa; es decir, que sus posibilidades laborales se reducen únicamente a su fuerza física.

La madre trabaja el doble en el hogar y en la calle

Esta desigual posición, se refleja en el mundo laboral, sólo el 57,9% de las madres tienen una ocupación laboral; el 1,5% se encuentra cesante o desempleada; el 0,4% es aspirantes a un trabajo, mientras que el 40,2% de las madres están inactivas temporales o permanentes; es decir, se dedican en forma exclusiva al cuidado del hogar.

El 19% de madres que cuenta con una formación técnica o profesional trabaja en áreas de servicio educativo, de salud, administrativo, financiero y de la administración pública entre otras aéreas, el resto se encuentra en el sector informal de la economía: 24% es comerciante, 12% brinda servicios de comida, 10,4% en manufactura, 3,8% trabajadora del hogar, casi 1% está en el sector de la construcción y en otros servicios. En el área rural el 24% de las madres se dedica a actividades de agricultura o ganadería.


Mirada patriarcal de la justicia invisibiliza la violencia económica

Si bien la Ley 348, en concordancia con el Código Penal (art. 250) establece que eludir o menoscabar el cumplimiento de las obligaciones familiares, es un delito de acción penal tipificado como “violencia económica”, el sistema judicial no visibiliza los casos donde el progenitor, haciendo uso de artilugios legales encuentra la manera de evadir la responsabilidad de brindar asistencia económica a sus hijos, poniendo en riesgo su bienestar.

El artículo 7 de la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, define a la violencia económica o patrimonial como: “Toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir”.

Esta norma que ratifica, después de 21 años, los tratados internacionales suscritos por Bolivia para erradicar la violencia (Convención Belem de Pará 1992), introdujo un nuevo capítulo en el Código Penal que modifica el artículo 250 y establece en el inciso “c” que comete un delito penal quien: “Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas e hijos, como medio para someter la voluntad de la mujer”.

La proyectista de ésta norma, la exministra de Comunicación, Marianela Paco, y exdiputada por el MAS, explica que se determinó incorporar en la Ley 348 la figura penal de “violencia económica”, tomando en cuenta los reportes del Consejo de la Magistratura que daban cuenta que la mayor cantidad de procesos en materia familiar tenían que ver con demandas por asistencia familiar y que su cobro era un largo peregrinar para las madres.

“También se tomó en cuenta los altos índices de extrema pobreza, cuyas causas están asociadas al abandono de la mujer, niños niñas y adolescentes”, precisó.

Bajo este contexto jurídico, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Lanchipa Ponce, y la Fiscalía General del Estado, a través de la directora de Unidad Especializada para Victimas de Atención Prioritaria, Karina Cuba, reconocen que constituyen un delito de violencia económica aquellas conductas orientadas a menoscabar el pago de la pensión alimenticia de los hijos, los contubernios con el jefe para declarar un salario menor a fin de reducir la pensión, transferir los bienes a terceras personas o esconder sus ingresos reales.

“No debemos dejar de lado el hecho que la Ley 348 tiene como finalidad no solo la protección de la mujer, sino de la familia en su conjunto”, agrega Lanchipa.

Sin embargo; en la gestión 2016, alrededor de 30 procesos de omisión de la asistencia familiar, catalogados como violencia económica, que fueron patrocinados por el colectivo social, “Mujeres Creando” fueron rechazados por el Ministerio Publico en los juzgados de Violencia hacia la Mujer -creados con la Ley 348- aduciendo que las mismas deben ser procesadas en las instancias familiares, según informó la trabajadora Social, Paola Gutiérrez, del brazo social de Radio Deseo.

El colectivo “Mujeres Creando” patrocina anualmente alrededor de 2.000 casos de “mujeres buscando justicia”, en los tribunales familiares, de los cuales el 55% corresponden por acciones de “violencia económica” o como el colectivo los cataloga “irresponsabilidad paterna”.

Pero, estos datos, sólo son el reflejo de una problemática tan grave, como lo es la violencia física o sexual. Bolivia es el país más violento de la región, según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas -INE- 8 de cada 10 mujeres es víctima de algún tipo de agresión física o psicológica en sus hogares. Es el segundo país región latinoamericana, después de Haití, en agresión sexual y la incidencia de violencia económica también es alta.

Según la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres 2016, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Justicia, el 61,2% de mujeres separadas o divorciadas reportaron haber sufrido violencia económica de parte de sus exparejas a lo largo de su relación sentimental; mientras que el 31% de mujeres casadas o en unión libre también fue víctima de agresión económica.

Sin embargo, pese a la alta prevalencia de violencia económica, los 10 juzgados de Violencia hacia la Mujer, que operan en todo el país fusionados con los juzgados de corrupción, han recibido únicamente 213 demandas, bajo la figura penal de violencia económica, según datos proporcionados por el Consejo de la Magistratura del Estado, aunque no se logró recabar ninguna información, específica sobre el tipo de agresión económica o patrimonial que se penaliza, la cantidad de procesos en curso o rechazados por falta de pruebas, desistimientos ni sentencias en ejecución.

REGISTRO DE PROCESOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO POR GESTIONES

Según el presidente de la Corte de Justicia de La Paz, Juan Lanchipa Ponce, no todo acto de restricción o supresión de la asistencia familiar debe ser considerado como delito, puesto que ello implicaría quebrantar un principio elemental en materia penal, cual es de “último ratio” (entendido como el último instrumento al que acude la sociedad para hacer justicia, siempre y cuando no hayan otras formas de control que sean menos lesivas).

Negocian la dignidad de la mujer

La exdiputada y proyectista de la Ley 348, Marianela Paco, explicó que la incorporación de la figura penal de “violencia económica” en la Ley 348, se realizó con la perspectiva de alcanzar un estado de derecho y justicia económica para la mujer y sus hijos, “para que se diera una protección real y efectiva a las mujeres, considerado que es un sector social altamente vulnerable, sobre todo las mujeres indígenas y sin acceso a la educación; pero fundamentalmente, para que se garantice su dignidad humana como mujer y también como madre”, destacó.

Consultada sobre la supremacía del Código de las Familias, ante hechos catalogados como violencia económica, Paco sostiene que la descolonización y despatriarcalización es un proceso que aún no comienza en el ámbito jurisdiccional, “por el bloqueo y flojera mental”, y porque la “vocación de hacer justicia fue invertida y ahora es más cómoda la acción de negociar y comercializar la desgracia de la gente”, agregó al lamentar que todavía tenemos un sistema que administra la “injusticia”.

Por su parte, la doctora en Psicología Social docente de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, Silvia Requena, sostiene que la incapacidad del órgano judicial en Bolivia, en su tarea de responder de manera eficiente a la Ley 348, no se fundamenta en la falta de recursos, sino más bien es la utilización ineficiente de dichos recursos y la improvisación de autoridades desconocedoras de la violencia a la mujer, en las 16 conductas tipificadas en la Ley 348.

“Al no existir un proceso judicial exento de vericuetos judiciales, las mujeres están condenadas a transitar una viacrucis en la búsqueda de justicia, con este proceder de la justicia, a través de sus instituciones y operadores, la mujer resulta ser doblemente revictimizada, por un lado, por la violencia sufrida por parte de su pareja y, de otro lado, por la violencia institucional a la que es expuesta siendo ésta última la más cruel y perversa”, asegura Requena.

Según la proyectista de la Ley 348, los casos omisión de la asistencia familiar tienen que ser investigados y sancionados en los juzgados penales porque cuando el responsable de proveer la asistencia familiar, oculta, hace figurar que no gana lo suficiente y desaparece sus bienes -en la gran mayoría de los casos- tienen un carácter y una acción criminal a la que concurren los tres elementos para la tipificación de un delito: características de alevosía, saña y premeditación.

“Y hasta es un delito criminal porque atenta contra la vida y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Aspecto que no consideran los aplicadores de la ley en el orden jurisdiccional”, señala Paco al mencionar que la actitud de los operadores de justicia puede ser tipificada como omisión y complicidad en la lesión de los derechos de la niñez y adolescencia.

TESTIMONIOS


María, en radio Deseo contó que el padre de su hijo, hace 16 años no le brinda asistencia familiar y que las veces que ha intentado cobrar las mismas, el padre de su hijo la insulta, le agrede y la amenaza para que ella desista de sus pretensiones.


Martín Serrano, padre de dos hijos, testimonió en el programa radial Subirana Responde, que no quiso responder a la demanda por asistencia económica iniciada por su exesposa, a fin de “no llegar a compromisos de pago” y que se “negó a asistir a las audiencias” y “a firmar ningún documento”, ya que de ésa forma no podrían “obligarle a depositar los pagos”.


Carla Calzadilla (18 años), pidió apoyo en el programa Subirana Responde, para que su padre Mario Calzadilla, le brinde asistencia familiar a ella y su hermana de 6 años de edad que está bajo su cargo, porque su madre se encuentra hospitalizada por una enfermedad grave y la adolescente no puede sustentar el hogar. Contó que su padre le niega asistencia aduciendo que ya es mayor de edad.



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