Oruro, Bolivia. 22 de octubre de 2018
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Ex ministro Dionisio Garzón: la ley será sólo un paliativo sino se legaliza la minería informal

Proyecto de Ley contra el “Juqueo” prevé penas de 1 a 10 años de cárcel

Quintales de mineral robado provenientes de la mina Huanuni que fueron incautados en un operativo por la Policía.

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Periodista | EL FULGOR.com
location_city La Paz, Bolivia
date_range 10 de junio de 2018

Ex ministro de minería, Dionisio Garzón, dice: que la Ley contra el juqueo será un paliativo” frente al problema que tiene su origen en permitir que en las minas estatales se admita la actividad minera ilegal. Actual ministro César Navarro, admite que el robo de mineral es permitido desde interior de la mina. El robo de mineral no sólo le provoca una pérdida de 24 millones a Huanuni, sino también a Porco y otras minas estatales.


El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, anunció que envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del “juqueo” (robo de mineral) que será insertado en el Código Penal y que prevé penas de 3 a 10 años de cárcel. Pese, a la dureza de las penas el ex ministro de Minería,  Dionisio Garzón,  advirtió que la ley “sólo será una medida paliativa” frente a una estructura minera que esta asentada en la informalidad que es el origen del problema, porque está fomentada dentro de la minería estatal.

 “En mi opinión, la presente disposición –que se quiere aprobar- es un paliativo más en una estructura global del sector minero que precisamente alienta la minería informal, aún en centros mineros del Estado”, explicó Dionisio Garzón quien fue ministro de minería durante el gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el año 2005.

Recordó que el robo de mineral en la minería privada se da de manera escasa y ocasional  debido a la rigurosidad de los controles que se aplican en cada una de las operaciones, mientras que en la minería estatal el origen de este delito “está en la informalidad  de ciertas labores que permiten el acceso de gente extraña a áreas de operaciones formales de las empresa mineras estatales”.

En este contexto, señaló que el objetivo inmediato debiera ser la lucha contra la minería informal como una política de Estado. “Estamos hablando de la transición de toda operación informal minera a los cánones de la minería formal de cualquier escala”, sostuvo al recordar que la actual legislación –minera– permite operaciones ilegales dentro áreas de trabajo formal.

Recordó que pese a  que el actual proyecto de ley quiere especificar el “juqueo” o  “robo de mineral” como delito penal,  el actual Código Penal ya considera los delitos de hurto y robo y este no ha frenado el problema.

El robo de mineral comúnmente conocido como “juqueo” se ha convertido para el gobierno y los trabajadores de las minas estatales, en una preocupación mayor, pues ha estado generando el sangrado económico de enormes proporciones, sobre todo en empresas mineras estatales, como Huanuni.

El gerente general de la Empresa Minera Huanuni, Guillermo Dalence, en abril reveló que   los “jucus” le roban en mineral a la mina estatal Huanuni 2 millones de dólares mensuales que llega a sumar 24 millones de dólares anules, aproximadamente.

Incluso reveló que para luchar contra este “crimen organizado” llegaron al extremó de empezar a negociar con las Fuerzas Armadas para que efectivos del Ejército refuercen el control en los centros mineros estatales, una media que nunca se hubiera dado en el pasado pues, el Ejército históricamente ingresó a los centros mineros para masacrar, arrestar y matar a los trabajadores mineros.

El ministro de Minería, César Navarro, anunciando que envió el proyecto de ley del “juqueo” a  la Asamblea Legislativa.


Ministro de Minería admite: “juqueo" es permitido” en interior mina”

El ministro de minería César Navarro, admitió que el robo de mineral es permitido desde interior de la mina, aunque no dijo quiénes serían responsables de esto y que pasaba con el control que deben ejercer los propios administradores y trabajadores, agregó que el robo de mineral no sólo se da en Huanuni sino también en Porco y otras minas estatales.

En declaraciones formuladas a radio Aclo Potosí, en mayo pasado Navarro, sostuvo: “Estamos desarrollando una ley que sancionará a quienes permiten el juqueo, porque desde el interior mina se permite el robo de mineral, para quiénes son cómplices del juqueo se agravarán las penas en aquellas empresas de carácter estatal”.

Hay sanciones para quienes acopian el juqueo, hay sancione para el transporte, pero la mayor sanción es para los que compran el mineral robado, lo comercializan y exportan, sostuvo.

Explicó que  el robo de minerales se legaliza en la exportación. “Algunas comercializadores actúan mal incluso dando adelanto a las personas para que entreguen en un plazo el mineral –no dijo para robar- por tanto, advirtió, estas personas y empresas serán sancionadas en la nueva ley.

Paralelamente anunció que se creará un registro único minero donde municipios y gobernaciones podrán registrar a los “actores” –no dijo empresas mineras- y comercializadoras legalmente constituidas, por lo tanto, los comercializadores solo podrán comprar de estos “actores legales” con el fin de sanear la comercialización y exportación ilegal”.

El distrito minero de Huanuni donde la ilegal actividad del “juqueo” tiene su centro.


Trabajadores mineras de Huanuni analizan el proyecto de Ley

Los trabajadores de la mina estatal Huanuni han pedido al gobierno mano dura contra los “juqueadores”, aunque saben que en el interior de sus filas hay muchos que saben cómo se da el robo del mineral y quiénes son, incluso se presume que son los mineros con menos ingresos quienes fomentan está actividad ilegal, que se ha convertido en un gran negocio para los comercializadores y exportadores ilegales de mineral.

El pasado 11 de  abril de 2018, a las cuatro de la madrugada, un camión que transportaba a 34 trabajadores al interior de la mina estatal Huanuni explosionó dejando ocho trabajadores muertos y 16 heridos. Por la magnitud de la tragedia y por las características se descartó la posibilidad de un accidente, pues según declaraciones del gerente general de Huanuni, Guillermo Dalence, el camión no transportaba material explosivo, porque este, se traslada en la mina bajo estrictas normas de seguridad  y en días específicos.

Ha pasado dos meses del hecho y la Policía y la Fiscalía guardan  silencio, mientras entre los 25.000 habitantes que tiene el municipio de Huanuni la verdad corre de boca en boca en tono de murmullo.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) no emitió criterio sobre el nuevo proyecto de “juqueo”, sólo se limitó a sostener que tendrán una reunión entre el gobierno y los representantes de la minería estatal antes que la ley sea aprobada por la Asamblea.

“Como federación de mineros tenemos varias propuestas para que en este proyecto de ley tenga mayores castigos a las personas que roban minerales. Pero, también, queremos tratar -con el gobierno- los temas como el acoso laboral, tercerización laboral y otros”, sostuvo el  secretario ejecutivo de la FSTMB, Orlando Gutiérrez, al advertir que la FSTMB “quieren que sus planteamientos obviamente estén en la  ley” y está “pueda salir tal cual quieren los trabajadores”, informó Gutiérrez.

“La reunión pretende dar mayores sanciones. Este proyecto se lo realizó con el objetivo de sancionar a las personas o instituciones que permiten el “juqueo” de minerales”, sostuvo.

La Policía en un operativo  contra los “jucus” en la mina Huanuni.


Proyecto de Ley contra el “juqueo”

El proyecto de la Ley del “juqueo” es un capítulo breve y específico que pretende incorporar en el actual Código Penal los artículos 132 ter, 172 ter, 326 bis, 331 bis, 331 ter y 332 bis    con el título “hurto y robo de minerales”.

El proyecto de Ley fue remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el número 218/18, para que inicie el proceso de aprobación primero a través de la comisión correspondiente donde  se procederá primero a la socialización y llamar a los actores involucrados para concertar la norma y, con su informe pase al plenario de las Cámaras de Diputados y Senadores quienes en última instancia aprobarán la Ley que debe ser sancionada por el Ejecutivo, para su puesta en vigencia.

El proyecto de Ley como toda norma empieza por la exposición de motivos, que no es otra cosa que la justificación por la cual se dispone aprobar una nueva norma.

La parte considerativa dice: “a lo largo de la historia nacional se practican varias formas para la sustracción ilegal de minerales, actividad ilícita conocida como “juqueo”. Las empresas mineras estatales, privadas y cooperativas, pese a adoptar una serie de medidas de seguridad, en muchos casos se ven sorprendidas en perjuicio de su trabajo productivo y en su economía”.

Continúa señalando que “en su origen es imprevisible y complicado el control del destino final del mineral hurtado. Por lo que,  surge la necesidad de adoptar determinaciones que eviten esta actividad, por lo que hay la necesidad de incorporar tipos penales mineros como el hurto, robo y receptación de minerales robados”.

En el contexto que describe el proyecto de ley establece un artículo único que describe seis sanciones con un máximo de 10 años de cárcel para el “juqueo”.

La asociación delictuosa para el robo, hurto o receptación proveniente del robo de minerales, será penado con uno a tres años de cárcel.

La receptación, la persona que venda o compre,  tendrá una pena de dos a cuatro años y se decomisarán sus bienes.

Los propietarios, administradores de comercializadoras o ingenios de minerales que reciban, compren o vendan minerales provenientes del robo serán sancionados con tres a cinco años de privación de libertad y sufrirán el decomiso de  sus bienes.

Los trabajadores de las empresas públicas, privadas o cooperativas  que cometan robo serán sancionados con cuatro a cinco años de prisión.

Si en el robo de mineral se hace uso de armas o se encubre su identidad, los autores tendrán penas de seis a 10 años de cárcel.

La omisión para quienes conozcan y no denuncien a las autoridades competentes de estos hechos, la pena es hasta cuatro años de reclusión.

Resultado del control policial.



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