Oruro, Bolivia. 22 de octubre de 2018
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La ilusión de una justicia justa se desvaneció

Juez en EE.UU. revoca sentencia contra “Goni” y “El Zorro”: “el 2003 no hubo un plan para matar civiles”

Durante el juicio.

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Periodista | EL FULGOR.com
location_city La Paz, Bolivia
date_range 03 de junio de 2018

El juez además anticipó que emitirá un fallo final por separado a favor de los demandados consistente con la decisión tomada este miércoles 30 de mayo. “Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003”, dijo Gonzalo Sánchez en un comunicado. Sin embargo esto no es verdad, porque los demandantes pueden apelar el fallo en una segunda instancia con nueva prueba. No se descarta presentar videos que muestran la utilización de francotiradores durante los días 12 y 13 de septiembre de 2003. Sánchez Berzaín después del fallo dice si nosotros no fuimos hay que identificar  ¿a quiénes fueron entonces los responsables de la muertes?


La ilusión de que en Estados Unidos se hace justicia ajena a poder político e imparcial se desvaneció. El encargado de traernos a la realidad fue el juez técnico, James Cohn, de Florida Estados Unidos, pues él revocó la sentencia contra Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Sánchez Berzaín  (El Zorro), quienes en primera instancia por unanimidad en el voto de un jurado ciudadano fueron declarados “responsables de ejecuciones extrajudiciales”  en un  Juicio Civil de Derechos Humanos.

El pasado 3 de abril una decena de jurados ciudadanos que nunca estudiaron leyes –civiles de a pie de EE.UU.–  después de escuchar declaraciones, tomar en cuenta los alegatos de los demandantes y los acusados falló con sentido común y por unanimidad y encontró a “Goni”  y el “Zorro” como “responsables de ejecuciones extrajudiciales” y dispuso que se pague a las ocho familias demandantes víctimas de los hechos “diez millones de dólares”.

Tras la decisión de los jueces ciudadanos los abogados de ambos acusados presentaron observaciones alegando que “la sentencia tuvo inconsistencias jurídicas”.

Tras conocer el fallo del juez Cohn, Sánchez de Lozada, volvió a sonreir.


El juez de sentencia James Cohn aceptó el criterio de los acusados y dijo que “los demandantes no presentaron ninguna evidencia” de un “plan concebido para matar civiles”. El juez además anticipó que emitirá un fallo final por separado a favor de los demandados consistente con la decisión tomada este miércoles 30 de mayo de 2018.

El juez Cohn dijo que tomó la decisión amparado en la “Regla 50” (artículo 50) que establece que un tribunal de primera instancia puede anular la decisión de un jurado si considera que no tuvo una base probatoria legalmente suficiente para decidir la responsabilidad de los demandados.

El juicio contra “Goni” y  el “Zorro” en la parte de sentencia fue expedito pues  comenzó el 5 de marzo y concluyó el 30 de mayo de 2018, pero, el juicio como tal que llegó a la Corte de Fort Lauderdale de Florida de EE.UU, implicó una largo proceso que empezó a gestarse el año 2008, cuando en Bolivia en un juicio de responsabilidades se encontró a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín culpables de genocidio y se ordenó su extradición. En esa oportunidad abogados norteamericanos informaron a las víctimas que la constitución de Estados Unidos permite juzgar a extranjeros que cometieron delitos en su país de origen en un juicio civil denominado “Acto de Protección para Víctimas  de Tortura”.

El ex presidente llega a la corte de Fort Lauderdale.

Desde entonces se formó un equipo jurídico con prestigiosos abogados tanto en la etapa preparatoria como  del juicio ellos son parte del Centro de Derechos Constitucionales, la Facultad de Derechos Internacionales de la Universidad de Harvard, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales y los bufets de abogados Akin, Gump, Straus, Hauer & Feld, LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP y Akerman LLP, estos últimos abogados cooperantes de la organización de justicia. También esta Kathy Roberts, del Centro de Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos.

El año 2013, se introdujo la demanda que fue aceptada.  El año 2015 el buffet americano  Akin Gump Strauss Hauer & Feld, que a su cargo tenía la etapa preparatoria  o etapa de descubrimiento de pruebas del Juicio Civil, por primera vez, el año 2015,  hizo sentar a “Goni” en el banquillo de los acusados. El negó todo y alegó olvido.

El abogado boliviano Rogelio Mayta, quien sólo y casi en silencio siguió el juicio, en esa oportunidad explicó que los acusados interpusieron la objeción pidiendo no ser juzgados en un Juicio Civil de Derechos Humanos, sino por la Corte Suprema de Estados Unidos. El juez negó la solicitud de los demandados.

El 2016, la Corte de  Estados Unidos, ordenó seguir con el proceso preparatorio bajo el “Acto de Protección para Víctimas  de Tortura” (TVPA ), y el 14 de febrero del 2018 el Juez de la Corte del Distrito de Florida, James Cohn,  estableció: “que los demandantes presentaron suficientes pruebas para iniciar el Juicio Civil de Derechos Humanos”.

Dos años después “Goni” volvió al banquillo de los acusados, esta vez en la corte donde ratificó no saber nada, ni acordarse de nada y el 16 y 17 de agosto  de 2017,  Carlos Sánchez Berzaín fue  interrogado por la misma corte, negó todo y acuso al actual mandatario Evo Morales  de  ser  el “autor de los crímenes de octubre 2003”. “El Zorro” como se lo conoce al exministro de Defensa,  pasó de acusado a acusador. Posteriormente el juez fijó como inicio del juicio oral en la corte de Florida con la presencia de jueces ciudadanos y el juez técnico, el 5 de marzo de 2018.

El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

Así, Gonzalo Sánchez de Lozada, se convirtió en el primer exjefe de Estado en ser sentado en una Corte de Estados Unidos en un Juicio Civil de Derechos Humanos, donde respondió por delitos que no cometió en ese país, sino en Bolivia, país al que gobernó en dos periodos el primero -1993-1997- aliado a Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional que le permitió vender todas las empresas estratégicas empresas privadas transnacionales con capitales norteamericanos y europeos y; el segundo de agosto 2002 a  octubre  de 2003 cuando se produjo la masacre de octubre de 2003 que dejó centenares de civiles muertos y heridos.

 El juez de Estados Unidos, James Cohn, quien estudió derecho en una universidad de Estados Unidos, después de aceptar en la etapa previa que “había suficientes pruebas para inicial el juicio”; una vez concluido el juicio en base a las leyes  y su criterio técnico “de abogado” dicto sentencia y dijo: “no hay evidencias suficientes para solventar las acusaciones contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín”.  

El veredicto se hizo conocer a las parte por internet –correo electrónico- el miércoles 30 de mayo y el juez James Cohn de la Corte de Distrito de Florida alegó que aplicó la Regla 50 que establece que no tuvo suficientes evidencias para solventar las acusaciones de actos deliberados e intencionales en la muerte bolivianos en octubre del 2003.

“Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia. El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Estoy seguro de que para todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el gobierno, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en nuestra conciencia”, expresó Gonzalo Sánchez de Lozada posteriormente en una carta que la hizo pública minutos después de conocerse el dictamen.

Según expone Sánchez de Lozada en el texto de su comunicado, “el juez Cohn llegó a esta determinación después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisando toda la evidencia presentada y se convenció de que mi gobierno defendió la ley y la vida de ciudadanos inocentes. La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles. La evidencia demostró que el gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el dialogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia”, agregó en su comunicado.

"Esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas. Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia", añade el expresidente.

En octubre de 2003, el ejército fue enviado a las calles para reprimir al pueblo.


Por su parte el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, con la habitual “soberbia” que lo caracterizó en el gobierno dijo: “Si la justicia ha avalado hoy que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada actúo conforme a ley en las protestas del 2003, la pregunta que hay que responder ahora es ¿Quiénes fueron entonces los responsables de las muertes?.

Dijo que “los responsables están entre las fuerzas internas y externas”. No mencionó como responsables a las Fuerzas Armadas ni la Policía y los francotiradores que en ese momento dispararon contra civiles, ni tampoco dijo quien ordenó que salgan las fuerzas represivas  a las calles con armas letales que costó la vida a una centena de hombres, mujeres y niños indefensos.

Pero, el comunicado del ex presidente Sánchez de Lozada tampoco es verdad pues él dice: “con la decisión del juez concluye el juicio”, pues al igual que en cualquier otro país un fallo de primera instancia judicial puede ser revocado por uno de alzada en un proceso de apelación.

Los demandantes  se han pronunciado y anunciaron que apelarán la decisión del Juez Cohn, se conoce que empezaron a recolectar nueva evidencias entre ellos los videos de los francotiradores que actuaron durante las matanzas que se produjeron el  12 al 14 de octubre de 2003, el disparo a médicos que actuaron con bandera blanca cuando atendían a civiles como el caso de la doctora Espinoza, evidencias que muestran que se disparó a las casas en Warisata para amedrentar a los pobladores pero se mató a civiles inocentes como la niña Marline Mamani y sumar otras víctimas que no estuvieron en este primer juicio.

La sentencia del juez James Cohn desvanece la ilusión de una justicia justa y a las víctimas les quita la posibilidad de tener un nuevo comienzo, pero fortalece porque sienta precedente para que otros mandatarios de América Latina que violan derechos humanos puedan ser juzgados en Estados Unidos, porque en sus países no encuentran justicia y las víctimas aprendan a colectar evidencias técnicas que permitan juzgar a quienes sobre todo se acostumbraron a disparar contra civiles inocentes.

Los muertos fueron 65 y centenares de heridos.


El adorno de la justicia: los jueces ciudadanos

Bolivia, en 1999, -cuando “Goni “  gobernaba-  se aprobó el Nuevo Código Penal conocido como la “Ley Blattmann”. Su ministro de justicia René Blattmann copió el modelo de Estados Unidos e incorporó  en los tribunales de justicia penal la participación de jueces ciudadanos –hombres y mujeres de a pie- .

Los jueces   ciudadanos son elegidos del padrón electoral sin tomar en cuenta el  grado de educación, el color de la piel o el lugar donde vive, en sí,  son  hombres o mujeres ajenos al estudio de leyes en grado de licenciatura,  pero con facultades plenas y sentido común.

¿Quién es el juez técnico?. Es un hombre que estudio  leyes o derecho en una universidad y una vez graduado se convierte en licenciado en derecho. Muchos  ingresan a la “carrera” judicial donde ejercen como jueces un poder que les otorga el Estado para juzgar a quienes en materia penal cometen delitos y en materia civil  provocan daños que pueden económicos.

La decisión de  nombrar  jueces ciudadanos tenía como objetivo democratizar la justicia,  hacer de la justicia más equilibrada y justa  y, poner el “sentido común” a la par del conocimiento técnico del “juez” abogado que estudio en una universidad.

Pero, esto no resultó porque durante el proceso de investigación, la entrega de pruebas documentales,  etc,  participa el juez técnico y sólo en la fase de alegatos y sentencia participan los jurados ciudadanos y deben emitir sentencia inicial. A lo largo de la aplicación de esta forma de justicia se ha demostrado que el juez técnico, siempre ha dado la sentencia final porque él falla “conforme a ley” y, pide prueba documental y juez ciudadano lo hace con “sentido común”.

Con estos criterios la “justicia” no es muy justa, porque la corrupción, los crímenes, el asesinato no pueden ser  documentados,  por eso cientos de  culpables son declarados  inocentes porque nunca hay pruebas y así, se suman las injusticias… de una justicia que no encuentra la fórmula para ser justa.


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