Oruro, Bolivia. 18 de diciembre de 2018
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EDITORIAL

Sánchez de Lozada inocente

EL FULGOR.com
date_range 03 de junio de 2018

El juez James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale, de la Florida, decidió el pasado miércoles 30 de mayo, desestimar el fallo del jurado ciudadano que declaró culpables por muertes extrajudiciales en octubre de 2003, al ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

La decisión del juez Cohn se basó, en la falta de evidencias porque, dijo, no se presentó ni probó que haya existido un plan predeterminado para matar a ciudadanos que protestaban contra la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada, de vender gas natural a Estados Unidos vía Chile.

La noticia conmocionó a los familiares de las víctimas del llamado “Octubre Negro” que, de acuerdo a la decisión del jurado debían recibir 10 millones de dólares como compensación por la muerte de sus familiares.

El gobierno reaccionó tajante y condenó el fallo del juez Cohn. El presidente Morales pidió a los Estados Unidos “dejar de proteger a genocidas”.

 El abogado principal de las víctimas Thomas Becker, anunció en La Paz, que apelarán la decisión a tiempo de aclarar que el juicio instaurado contra el ex presidente, no era por dinero, sino por justicia.

Y es precisamente, la justicia que los familiares no encontraron en Bolivia, la que buscaron en el país del norte donde existe una ley que permite juzgar a extranjeros cuando se los acusa de violar los derechos humanos y ordenar ejecuciones extrajudiciales.

Cuando se conoció en Bolivia el fallo del jurado que encontró culpable a Sánchez de Lozada y a su ministro, Carlos Sánchez Berzaín, fueron múltiples las voces que se alzaron para alabar la justicia estadounidense.

Sin embargo, la decisión del juez Cohn pone en entredicho este optimismo y aunque aún resta una apelación por parte de las víctimas, este proceso podría durar unos tres años más e inclusive llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La decisión del juez fue calificada por el abogado defensor Becker, como “un gran error” y dijo que el fallo del jurado es histórico y con eso ya se logró una victoria.

Ahora los abogados demandantes deben probar con evidencia, que existió un plan predeterminado para matar a los civiles y que la orden fue impartida desde los más altos niveles del gobierno.

La justicia de Estados Unidos exige presentar evidencias que prueben de manera fehaciente que los demandados fueron quienes instruyeron al ejército boliviano a disparar contra civiles.

Para el juez encargado de la causa, el testimonio de varios civiles, no fue suficiente para convencerlo que la muerte de 65 civiles durante los enfrentamientos de octubre de 2003, en El Alto fue debido a una orden impartida desde Palacio de Gobierno.

Cada evidencia presentada de forma individual, no fue suficiente para que el juez decidiera respaldar el fallo del jurado.

Ahora resta esperar otros tres años para comprobar si es cierto que la justicia de Estados Unidos funciona y es capaz de sentenciar a ex mandatarios que violaron derechos humanos y ordenaron reprimir de forma violenta a la población civil desarmada.

De producirse este fallo, será una seria advertencia para aquellos mandatarios que no respetan las reglas de la democracia y violan los derechos humanos.



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