Oruro, Bolivia. 22 de octubre de 2018
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En Bolivia se registra un infanticidio por semana

Niños inocentes mueren a manos de sus familiares más cercanos.

EL FULGOR.com
date_range 22 de abril de 2018

Nuevamente ha conmovido en los últimos días a la población boliviana, la noticia de una niña de un año y ocho meses degollada por su madre, en la ciudad de Cochabamba,  aduciendo “voces en su cabeza”.  

De acuerdo a las estadísticas, proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, en los primeros 110 días que van del año, en Bolivia ya se han registrado 23 infanticidios, siendo el departamento de La Paz el de mayor incidencia con 11 casos registrados en menos de cuatro meses.

Según estos datos, por semana se comete un infanticidio en Bolivia, la mayoría son niños menores de cinco años, que mueren dentro de sus hogares y en manos de sus progenitores, bajo contextos relacionados a la  inestabilidad emocional de los padres o trastornos mentales.

En marzo del 2018, también en Cochabamba, un hombre de 41 años mató con dos tiros en la cabeza a su hijo de cinco años, porque tenía planeado separarse de su pareja y su hijo menor, que era tan apegado a él iba sufrir la ausencia por lo que tomó la determinación de asesinarlo para evitarle sufrimiento.

También en marzo, se conoció la historia de una mujer en La Paz, que obligó a sus hijas de 1 y 3 años a tomar raticida y luego ejerció asfixia mecánica para acabar con esas sensibles e indefensas vidas, todo porque peleó con pareja y le había amenazado con abandonarlas.

El infanticidio un problema grave en Bolivia.


El 25 de febrero, una niña de dos años murió tras una golpiza de sus padres, en El Alto. El 26 de febrero, una bebé de dos meses fue abandonada en un bar de El Alto, donde murió asfixiada con las flemas de un edema pulmonar causado por el frío piso del bar donde dormía.

El 30 de enero, una pareja de adolescentes mató a su bebé recién nacido, en Santa Cruz. El 23 de enero, un hombre mató a su esposa e hijo en Sucre. El 13 de enero, un niño de seis años murió tras una golpiza de su madre en Santa Cruz. El 4 de enero, un bebé de cuatro meses y su madre de 16 fueron asesinados en Pucarani, La Paz, por la pareja de la menor.

El 2 de enero, una embarazada de 21 años mató a su hijo de tres en Santa Cruz, luego de que su pareja la abandonara por otra mujer.

Y así crece la larga lista de infantes asesinados por sus progenitores o padrastros, e incluso hermanos mayores, dentro del seno mismo de sus hogares, bajo diferentes circunstancias.  

Si bien Bolivia incorporó en la Constitución Política del Estado los derechos de los niños y en el Código Niña, Niño y Adolescente se estableció una pena de 30 años de cárcel para los casos de infanticidio en niños de 0 a 12 años de edad,  la infancia continúa desprotegida, ya que no sólo son objeto de violencia física, sino que también están expuestos a la violencia sexual.

Según los datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado, en lo que va de la presente gestión se han registrado 250 casos de violación a niños y adolescentes, siendo el departamento de Santa Cruz (83) donde se registra la mayor incidencia de agresión sexual.

Lo propio fue en la gestión 2017 cuando se registraron 84 casos de Infanticidio y 1324 casos de violación.

Pese a existir leyes que penan de manera severa los infanticidios, estos continúan registrándose uno por semana.


SIN POLÍTICA NI HORIZONTES

Si bien, los bolivianos repetimos como consigna que  los niños son el” futuro” poco o casi nada hacemos por protegerlos y brindarles condiciones dignas de un ser humano. La dejadez de la sociedad, nace en las instituciones del Estado, que asigna menos del 0,2% de sus presupuestos municipales y regionales para programas generacionales, la mayoría de los recursos asignados se van a los hogares transitorios para sustentar sus gastos de alimentación, con mucha suerte, podrían alcanzar para un mes.

La instancia del Ejecutivo llamada por ley para velar por los derechos de los niños y adolescentes no cuenta con una política pública de prevención de la violencia en los hogares, en establecimientos educativos ni espacios públicos, pese a haber sido promulgado el Código Niño, Niña y Adolescente el año 2014, aún no se ha bajado a las instancias municipales los protocolos de actuación de los Servicios Integrales Municipales (SLIM)

En los últimos tiempos hemos visto al titular del Ministerio de Justicia, anuncios de constituirse en querellante para asegurarse de sanciones enérgicas contra padres violentos, pero no dice nada del Código Niña, Niño y Adolescente que establece como principio fundamental la reintegración de la familia, mediante acciones multidisciplinarias de apoyo a la familia.

En esa misma lógica actúa las defensorías de la Niñez y Adolescencia, en establecer la sanción y condena, pero no hay acciones de prevención de la violencia.


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