Oruro, Bolivia. 22 de octubre de 2018
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Tras histórica sentencia a Goni, el gobierno insistirá en su extradición

El ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozaada y su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.

EL FULGOR.com
date_range 08 de abril de 2018

La decisión de un jurado civil de los Estados Unidos que declaró culpables al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la masacre de octubre del 2003, en la que perdieron la vida 67 personas y al menos 400 resultaron heridas, deja abierta la posibilidad  al Gobierno de Evo Morales de retomar, después de seis años, la solicitud de extraditar a las exautoridades a territorio nacional para  que se sometan a un juicio penal.

En ese marco, el Gabinete de Ministros, luego  de conocer el fallo dictaminado por  el jurado de Fort Lauderdale, en el sur de Florida,  determinó solicitar que el proceso contra el expresidente concluya con su extradición desde Estados Unidos.

“El gabinete de ministros considera que el paso dado ayer (martes en Estados Unidos) es el inicio de un sentido de hacer justicia, es el principio de hacer justicia en este caso", dijo el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada al insistir que el proceso civil  debe concluir con la extradición.

En esa misma línea se pronunció  el Ministerio Público, a través del Fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, quien aseguró que la sentencia civil emitida en primera instancia por  la justicia de Florida facilitará la solicitud de extradición de ambas exautoridades, para cuyo propósito la documentación será analizada y luego vinculada al proceso.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en declaraciones a la red Patria Nueva, este“histórico y trascendental veredicto”otorga “muchos argumentos para replantear la extradición” de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, proceso que según el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, se encuentra paralizado desde septiembre del 2012 en Bolivia, en espera de un planteamiento jurídico acorde a las normas constitucionales del país del norte, conforme la recomendación formulada por el gobierno de EEUU al momento de devolver los obrados.

En el análisis jurídico del abogado que funge de ministro de Gobierno, el veredicto de los 10 jurados civiles de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, Estados Unidos demuestra que hubo muertos, que esos muertos los provocó alguien y que por ello hay personas que deben indemnizar económicamente a los familiares de las víctimas; por lo tanto, queda demostrado jurídicamente que hubo  “genocidio” el 2003 en Bolivia.

El  abogado de las víctimas en Bolivia, Rogelio Mayta, a tiempo de calificar a la sentencia como un “precedente mundial”  aseguró que ahora en adelante es responsabilidad del Gobierno realizar las gestiones necesarias para lograr la extradición de Sánchez de Lozada y su exministro, toda vez que su misión fue el juicio civil, que ya tuvo un resultado positivo, considerando que el juez James J. Cohn, que determinó emitir su sentencia final el próximo 5 de mayo, no podrá cambiar la sentencia.

Según la defensa de los demandados, el juicio civil no ha terminado, ya que en su último esfuerzo los abogados presentaron una serie de mociones y apelaciones para objetar la sentencia. La más importante, según la investigación de El deber, está referida a la Regla 50, una norma del ordenamiento jurídico estadounidense a través de la cual los jueces pueden tomar una decisión contraria a los del jurado, siempre y cuando consideren que su veredicto vaya en contra de las evidencias presentadas. Aunque se aclara que esta situación no sucede muy a menudo en la justicia estadounidense y  Las otras apelaciones tendrán que ser resueltas por cortes superiores.

Un Goni avejentado y una de sus abogadas.


UN JUICIO HISTÓRICO

En un proceso civil que duró exactamente 28 días, el Tribunal de Fort Lauderdale de los Estados Unidos declaró culpables al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, de las ejecuciones extrajudiciales de 67 ciudadanos y haber dejado más de 400 heridos de bala el 2003 durante la llamada "masacre de octubre".

Sánchez de Lozada es el primer expresidente latinoamericano en ir a juicio en un estrado norteamericano y ser declarado responsable por delitos de violación a los  derechos humanos.

De acuerdo con la sentencia dictada por unanimidad de los 10 jurados civiles, el exmandatario y su exministro deben indemnizar con $us.10 millones a los familiares de las 67 víctimas que las Fuerzas Armadas mataron durante los sucesos de 2003.

Si bien la demanda fue llevada adelante por nueve personas que representaban a ocho víctimas (dos eran los padres de la niña Marlene, muerta en Warisata por una bala militar, mientras miraba de la ventana), el principal ejecutivo de la Asociación de Víctimas de los Caídos el 2003, Juan Patricio Quispe, destacó que internamente se había acordado, con anterioridad al iniciar el proceso el año 2008, que una vez obtenida la indemnización los recursos iban a ser distribuidos entre todos los asociados.

Pero al parecer, los familiares no sólo deben esperar que el Juez James J. Cohn, el próximo 5 de mayo emita su veredicto final, ratificando o rechazando el fallo, sino que también deben iniciar un proceso para la monetización de los recursos, tomando en cuenta que en los últimos tres años la familia de Sánchez de Lozada y  el propio Sánchez Berzaín escondieron sus bienes para evitar que los mismos sean repatriados a Bolivia en pago a las familias de los fallecidos, aunque el abogado norteamericano, Thomas Becker,  dijo que si las exautoridades  no pagan el monto de los $us 10 millones podrían ir a la cárcel.

La sentencia a los dos exfuncionarios no contempla pena de cárcel por tratarse de un caso civil.

El juicio a Sánchez de Lozada y su ministro comenzó el pasado 5 de marzo en una corte civil en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, y el jurado inició las deliberaciones 21 días después.

La demanda estuvo enmarcada en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas leyes de ámbito extraterritorial en EE.UU. que autoriza la celebración de casos en los tribunales federales por delitos cometidos fuera del país.

Sin embargo, nunca hasta ahora se había conseguido llegar a juzgar a un expresidente por estos motivos.

Aunque no estaban obligados a comparecer en el tribunal por tratarse de un juicio civil, tanto Sánchez de Lozada, de 87 años, como Sánchez Berzaín, de 58, se presentaron en la corte en durante las sesiones iniciales.


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