Oruro, Bolivia. 22 de octubre de 2018
  • close

Testigos y documentos de cargo deben probar que hubo “intencionalidad” de matar civiles

En mayo se conocerá la sentencia en el primer juicio civil por Derechos Humanos contra Goni

El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada llega a la corte de Fort Lauderdale, en La Florida, acompañado de su esposa Ximena Iturralde.

account_box


Periodista | EL FULGOR.com
location_city La Paz, Bolivia
date_range 25 de marzo de 2018

Los 49 testigos de cargo y los documentos  que presenten los acusadores deben demostrar a los diez jurados que “hubo  intencionalidad de matar a civiles indefensos en  Octubre de 2013. Mientras que 18  testigos de descargo alegaran que fue un acto subversivo contra el gobierno y que las FF.AA. sólo debían mantener el orden. El expresidente Carlos Mesa no declarará ni a favor ni en contra de Goni. Washington prohibió al  exembajador de EEUU.  en Bolivia, David  Greenlee, declarar en el juicio.

El  Estado de Florida, en Estados Unidos, dio inició al primer juicio Civil de Derechos Humanos contra  un ex mandatario de Estado de un país que no gobernó ni nació ahí, como es el caso del  ex presidente boliviano  Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada. El juicio podría tener sentencia  a fines de  mayo, tomando en cuenta que son juicios continuos y expeditos, a diferencia de la justicia boliviana que un caso así llevaría por los menos diez años.

La corte inició el juicio con la declaración de los acusados  Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín el pasado 5 de marzo y continúa con la declaración de los testigos de cargo que en total suman 49 y después declararán los 18 testigos de descargo de los acusados.

En las cuatro semanas de juicio los  acusadores tendrán que probar –con testigos y documentos- que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo la “intencionalidad” de sacar a las Fuerzas Armadas con armas letales que provocaron la muerte de civiles inocentes. “deberán probar que hubo una decisión de utilizar la fuerza estatal para generar muertes en octubre del 2013”.

Si, los acusadores logran esto la abogada del Centro de Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos , Kathy Robets, sostuvo que los acusados podrían recibir una sentencia con dos sanciones económicas: una por indemnización y otra por los delitos cometidos.

“El jurado es el que dará su veredicto y definirá los daños (dinero) si los acusados  (o uno de ellos) son culpables”,   declaró la abogada de la acusación  Kathy Robets.

En la primera declaración Goni negó que ordenó que la fuerza pública salga con armas y habló de una conspiración contra su gobierno acusando al actual presidente Evo Moras y Felipe  Quispe de ser responsables. La declaración del exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, fue similar.

El abogado de Goni, Stephen Raber,  en el juicio expuso varias cartas que mostraron la disposición de Sánchez a dialogar con Morales y el líder campesino Felipe Quispe quienes según la defensa se negaron a levantar los bloqueos carreteros que entonces afectaron la distribución de alimentos y combustible. También,  mostró dos cartas escritas por el expresidente -tras su dimisión- dirigidas a la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, en las que pedía una investigación independiente de los hechos ocurridos durante la "guerra del gas". Goni,  en su habitual discurso dijo que quiso aclarar los hechos "porque la historia la escriben los ganadores".

Sánchez de Lozada a sus 83 años enfrenta un juicio por violación de derechos humanos.


Testigos de cargo

Los testigos de cargo que ayudarán a los acusadores a probar con su declaración y documentos que “hubo intencionalidad” en sacar a las Fuerzas Armadas y matar a civiles son en total 49  y fueron presentados formalmente por la parte acusadora.

Por la reserva del caso no se conocen todos los nombres, sin embargo, presto su declaración Limber Soria uno de los conscriptos -soldados- que prestaba su servicio militar obligatorio en el momento del conflicto, también el exsoldado Mario Paña y el exPárraco de la ciudad de El Alto, Wilson Soria.

Juan Patricio Quispe, representante de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas,  quien asiste a las audiencias dijo “no ha sido todo tan bueno –en el juicio- muchos de los testigos son objeto de preguntas agresivas de parte  de los abogados que defienden a los acusados. Pero, ellos han demostrado -sobre todo los soldados-  que han recibido órdenes para disparar contra la ciudadanía de otros su declaración fue difícil.

Ya presentó declaración Juan Del Granado, quien en octubre del 2013 era Alcalde de La Paz, quien ratificó que el exministro Carlos Sánchez Berzaín le dijo que para solucionar el conflicto puede haber “5 o 50 muertos” y aseguró que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada no tenía intención de dialogar.

Víctor Hugo Canelas, el ex ministro de Gobierno de Goni,  también declaró apuntando a Carlos Sánchez Berzaín como responsable.

Declaró el  actual Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, otros cuatro testigos lo hicieron en el Ecuador, con un significativo gasto para los demandantes, pues a ellos se les negó la visa a Estados Unidos. 

Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, mostró dos cartas confeccionadas por Muñoz bajo dictado de Sánchez Berzaín, y firmadas por el presidente en septiembre y octubre de 2003, en las que Goni ordenaba a las Fuerzas Armadas tomar las "medidas necesarias" para restablecer el orden.

Testigos de descargo: el más importante no Declarará el exembajador  EE.UU. Greenlee 

El periodista y extrabajador de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Erik Foronda, declaró al programa de 9 a 12 que dirige el periodista Mario Espinoza, que el más importante  testigo de descargo por parte de los acusados, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, no declarará en el juicio.

“El juez finalmente aceptó que participe como testigo de descargo, pero el Departamento de Estado no autorizó su  declaración en este momento del embajador Greenlee porque no ha pasado el tiempo suficiente para que algún tipo de información sea comentado de manera pública. Así que él no va declarar”, dijo de manera textual Foronda.

Ana Reyes, abogada  de Goni  sostuvo que las muertes de civiles que se produjeron el 13 y 14 de octubre en El Ato y La Paz, “aunque trágicas fueron producto de un fuego cruzado y no así de una decisión deliberada”,  sostuvo.

“La evidencia muestra que no hubo ningún plan para matar gente. Hubo una situación de crisis y el gobierno tuvo que responder  (…) La investigaciones sobre las muertes determinó que las acciones de los militares fueron proporcionadas y medidas”, remarcó Ana Reyes al apuntar como responsables a Evo Morales y Felipe Quispe “El Mallku” por los conflictos. 

María Muñoz, la entonces Jefa de Gabinete de Sánchez de Lozada, relató que la huida en avión se hizo en medio de tiroteos y de gente que intentaba romper la cerca del aeropuerto.

Entre los testigos de descargo estará el diputado Eduardo Siles, el ex embajador Jaime Aparicio, el general Marcelo Antezana y el exComandante de la Policía, Jairo Sanabria.

En otros tiempos junto a su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, que también es procesado por el mismo delito, en el palacio de Gobierno de La Paz.


Mesa no declarará ni a  favor ni en contra

El ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, quien fue propuesto como testigo de cargo por las  ocho familias demandantes no declarará ni a favor ni en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Su abogado, Carlos Alarcón, señaló que el expresidente  se le propuso responder un “interrogatorio escrito” en ningún momento se lo convocó para  bridar declaraciones como “testigo”.

Señaló que el interrogatorio junto con algunas imágenes fue enviada a la Corte de Florida, así como su libro donde relata lo sucedido. “El expresidente declaró en Sucre y esa declaración fue transcrita e inextensa remitida a la Corte”, sostuvo, Alarcón.

Los familiares de la víctimas y la Asociación sostuvieron lo contrario, dijeron que si se pidió al expresidente Mesa asistir como testigo de cargo.

Los abogados acusadores

El proceso tanto en la etapa preparatoria como  del juicio está respaldado por un selecto equipo de abogados del Centro de Derechos Constitucionales, la Facultad de Derechos Internacionales de la Universidad de Harvard, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales y los bufets de abogados Akin, Gump, Straus, Hauer & Feld, LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP y Akerman LLP, estos últimos abogados cooperantes de la organización de justicia.

También esta Kathy Roberts, del Centro de Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos.

Con una de sus abogadas.


El tribunal

La Corte de Fort Lauderdale de Florida, antes de llegar al juicio rechazó la moción de objeción que presentaron los acusados – Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín-  para ser juzgados en la Corte Suprema.

El juez a cargo del proceso es James I. Cohn,  quien, en la víspera del juicio definió  la elección de 10 miembros del jurado de un grupo de 50 ciudadanos estadounidenses.

El jurado también determinó que las partes no tomen  contacto con la prensa.

El fallo del jurado sólo podrá determinar sanciones económicas no así, sanciones penales ni   de otra índole.

EE.UU. puede ser el comisario del mundo

Estados Unidos a lo largo de su historia ha sido considerado “el comisario del mundo”, porque su constitución y sus leyes así lo establecen.

La demanda civil contra Gonzalo Sánchez y Carlos Sánchez se basa en el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros (ATS por sus siglas en inglés) y en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA).

La primera permite a un extranjero iniciar un juicio civil contra otro en tribunales federales estadounidenses por un delito cometido fuera de ese país, mientras la segunda hace posible la presentación de demandas civiles en cortes estadounidenses en contra de personas acusadas de haber cometido o incitado torturas o ejecuciones extrajudiciales.

En el marco de la ley estadounidense, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de “asesinatos” extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidio culposo contra ciudadanos civiles.

De encontrarlo culpable, la corte ordenará el pago de una millonaria indemnización a las víctimas del denominado “Octubre Negro”



Página vista 185 veces










ElFulgor.com © 2016-2018 Oruro, Bolivia