Oruro, Bolivia. 18 de octubre de 2018
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Juicio inédito en una corte de Estados Unidos

Gonzalo Sánchez de Lozada será sometido a juicio civil por Derechos Humanos

Gonzalo Sánchez de Lozada (derecha) y Carlos Sánchez Berzaín.

EL FULGOR.com
date_range 04 de marzo de 2018

Este lunes 5 de marzo, en el Tribunal Federal de Fort Lauderdale, al norte de Miami, empieza el juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y suexministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por los luctuosos hechos de la denominada “masacre de octubre de 2003”, en la que perdieron la vida 60 personas y otras 400 resultaron heridas.

Después de casi 15 años de los luctuosos hechos, el juez federal de la Corte del Distrito en Florida Estados Unidos, James Cohn, tras haberse rechazado una objeción presentada por los acusados, ordenó que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, sean sentados en el banquillo de los acusados, mientras la defensa, de ocho familias bolivianas --que interpusieron la demanda civil-- presenten las pruebas de cargo sobre la violenta represión que las exautoridades ejercieron contra la población paceña que se opuso a la exportación de gas a los Estados Unidos, a través de puertos chilenos.

“El expresidente y su ministro de defensa ahora tendrán que escuchar mientras testificamos sobre lo que pasó,” dijo Teófilo Baltazar Cerro, un miembro de la comunidad originaria Aymara, la cual dirigió las protestas cuando las fuerzas de seguridad del gobierno abrieron fuego. “Esperamos esta oportunidad histórica para tener nuestro día en la corte.”

Entre los principales testigos de cargo, figura el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, contactado por la defensa de las familias, quien acumuló pruebas sobre los luctuosos hechos acontecidos entre los meses de septiembre (Warisata) y octubre (El Alto y La Paz), cuando se registró la revuelta popular contra la política del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y sus aliados políticos el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Este juicio civil que durará dos semanas aproximadamente, será un hito histórico, ya que desde Miami, se informó que será la primera vez que en una corte norteamericana, un exjefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil por derechos humanos.

El proceso se desarrolló al amparo del Estatuto de Tortura Extranjera (ATS por sus siglas en ingles) y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), acusando a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad por su papel en la masacre de civiles desarmados en que se incluyen niños.

Sánchez de Lozada, ahora de 87 años, reside en Estados Unidos hace más de 14 años (huyó junto a su familia en medio de la crisis, el 18 de octubre 2003, también viajó con él Carlos Sánchez Berzaín), ambos fueron requeridos por las autoridades bolivianas, en el marco del juicio de responsabilidades instaurado el 2007en el Tribunal Supremo de Justicia.

El Estado boliviano a través de las autoridades diplomáticas envió una solicitud de extradición al departamento de Estado de EEUU, por delitos de lesa humanidad, el cual fue observado en el 2012 y devuelto para que sean enmendados, aunque se desconoce, a la fecha, las acciones realizadas por el Estado para continuar con el proceso.

Las ocho familias demandantes, están representados por un staff de 10 abogados que provienen de organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos, tales como el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, entre otros.

El portal digital del Centro de Derechos Constitucionales establece que el equipo legal está integrado por la abogada principal Jennie Green y los abogados cooperadores de CCR Judith Chomsky y David Rudovsky; Steven Schulman, John Van Sickle y Jeremy Bollinger del bufete de abogados de AkinGump Strauss Hauer&Feld LLP.

El equipo de abogados y asesores de Harvard cuenta con el apoyo de James Cavallaro y Tyler Giannini de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Harvard; y los abogados de Miami, Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman. De ese modo las víctimas cuentan con 10 asesores legales.

Beth Stephens, abogada que patrocina a uno de los demandantes y es parte de la cooperación del Centro de Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) dijo “Este juicio ofrecerá al pueblo Aymara, que históricamente ha sido excluido de la justicia, una oportunidad para testificar sobre los eventos que resultaron en docenas de muertes y cientos de heridas”, sostuvo la jurista.

Víctimas de Octubre Negro.


LOS DEMANDANTES

Son nueve los demandantes en este juicio civil entre ellos: Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija Marlene de 8 años murió en el dormitorio de su madre cuando un  tiro ingresó por la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa Teodosia, embarazada de cinco meses fue asesinada después de que una bala  atravesó por  la pared de su domicilio, matándola a ella y a su hijo por nacer.

Otra de las víctimas es Felicidad Rosa Huanca Quispe, su padre de 69 años fue asesinado a tiros a lo largo de una carretera y Gonzalo Mamani Aguilar cuyo progenitor Arturo también fue asesinado a tiros, mientras cuidaba sus cultivos.

Los demandantes buscan indemnizaciones por daños y perjuicios por parte de ambos políticos por "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003", señala la demanda interpuesta en 2013 ante un tribunal en Florida.

DETRÁS LA FORTUNA

En contacto con periodistas bolivianos, Carlos Sánchez Berzaín, señaló que la demanda civil interpuesta, busca hacerse del dinero del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada “porque siempre se ha sabido que Sánchez de Lozada era un hombre rico y deben seguir suponiendo eso y quieren ir tras esa fortuna”, señaló.

Sin embargo, Freddy Ávalos abogado de las víctimas de “Octubre Negro” en Bolivia manifestó que el principal objetivo de este juicio es que la sentencia que se obtenga pueda coincidir con el dictamen que se consiguió con el juicio de responsabilidades en Bolivia, a fin de coadyuvar a acelerar el trámite de la extradición de ambas exautoridades para que sean sometidas ante la justicia boliviana.

EL PROCESO CIVIL

Según el sitio: hrp.law.harvard.edu, el 2007 las víctimas presentaron dos demandas ante el Tribunal Federal, una en el Distrito de Maryland contra Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia y la otra en el Distrito Sur de Florida contra Carlos Sánchez Berzaín, el exministro de Defensa; ambos acusados por la planificación y el ordenamiento de asesinatos extrajudiciales de civiles entre septiembre y octubre de 2003.

En 2008, el caso contra Sánchez de Lozada se consolida con el caso Sánchez Berzaín en el Distrito Sur de Florida con fines de juicio previo, y los demandantes presentan una demanda enmendada para incluir los cargos contra ambos funcionarios.

El 15 de julio de 2010, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, argumentando que tienen derecho a inmunidad, que el caso presenta una cuestión política no judicializable, y que los reclamos para asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad no son procesables bajo el ATS.

El 14 de mayo de 2015, Sánchez de Lozada fue fustigado por abogados de las víctimas, y por primera vez, después de la Guerra del Gas, decidió contestar muchas preguntas y, en algunos casos, argumentó que se olvidó.

Su exministro de Defensa, compareció dos años después, el miércoles 16 y el jueves 17 de agosto de 2017. En esa comparecencia apuntó al presidente Evo Morales y aseguró que el actual mandatario de Bolivia pasó de ser “actor de los crímenes” de ese suceso a “acusador”.

Por su parte, los demandantes alegaron que, meses antes de la violencia, ambos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir la oposición política. Encima de las muertes, se disparó a más de 400 civiles desarmados que salieron heridos.

En 2016, una corte de apelación de los Estados Unidos sostuvo que los demandantes pudieron seguir con sus reclamaciones bajo el Acto de Protección para Las Víctimas de Tortura (TVPA), que autoriza la apertura de casos en el tribunal federal de Estados Unidos para matanzas extrajudiciales.

Muertos en Warisata

GOBIERNO INSISTIRÁ EN LA EXTRADICIÓN

El presidente Evo Morales demandó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, facilitar la extradición del exmandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro, tras el anuncio del juicio civil en su contra por una demanda de familiares de víctimas de la llamada "Guerra del Gas".

“Trump debe dejar de proteger a los asesinos del pueblo y facilitar pronta extradición", escribió el mandatario,  en su cuenta twitter.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció que el Gobierno insistirá en su demanda de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín para que sean juzgados en Bolivia.

Saludó la determinación de un juez federal de los Estados Unidos de someter a juicio civil a Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa y reconoció que el Gobierno no coadyuvó en esta "iniciativa particular de ciudadanos (...) que llevaron adelante con mucho éxito esta acción legal desde el 2007".

En declaraciones a Bolivia TV, Arce calificó de "histórico" el juicio que una corte federal de Fort Lauderdale, Florida, instalará el próximo 5 de marzo.

Dijo que el juicio de responsabilidades contra Sánchez Berzaín y varios de sus colaboradores "ha sido bloqueado por la actitud cómplice de Estados Unidos que pese a las gestiones realizada, nunca ha admitido la petición de extradición para que respondan a los tribunales bolivianos por sus crimines".


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