Oruro, Bolivia. 15 de diciembre de 2018
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EDITORIAL

Tras el dinero de Sánchez de Lozada

Tras el dinero de Sánchez de Lozada

EL FULGOR.com
date_range 04 de marzo de 2018

Mañana 5 de marzo, un tribunal federal del Estado de la Florida, en Estados Unidos, iniciará un inédito juicio civil contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, a quienes se acusa de ser los responsables de la denominada “Masacre de Octubre” de 2003, cuando 60 personas perdieron la vida y otras 400 quedaron heridas.

Luego de conocer la decisión de un juez federal de llevar a juicio civil a ambos ex gobernantes bolivianos, Sánchez Berzaín, a quien se le bautizó como el “Zorro” por sus malas artes en el ejercicio del poder, declaró que los acusadores, van tras el dinero del ex presidente Sánchez de Lozada.

Es la primera vez en la historia que un ex presidente es sentado en el banquillo de los acusados para responder por un juicio por violación a los Derechos Humanos ocurridos hace 15 años.

Fueron ocho familias las que interpusieron la demanda en el país del norte las mismas que desde mañana, presentarán las pruebas de cargo que demuestren la responsabilidad de ambas ex autoridades, en la violenta represión contra el pueblo alteño que se rebeló en contra de la venta de gas a Estados Unidos, por puertos chilenos.

Uno de los principales testigos de cargo que presentaron las ocho familias, es el ex alcalde de La Paz y principal abogado en el juicio contra el ex dictador Luís García Meza, hoy condenado a prisión de 30 años sin derecho a indulto, Juan del Granado.

Según los abogados de las familias, se cuentan con pruebas sobre los violentos hechos que ocurrieron en septiembre de ese año en Warisata y octubre en El Alto que obligaron a Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia y huir apresuradamente a refugiarse en Estados Unidos país del cual es ciudadano.

El juicio durará dos semanas constituyéndose en un hito histórico y de resultar el ex presidente boliviano culpable debe indemnizar a las víctimas con una suma que el jurado de la corte federal fijará.

De ahí la expresión del ex ministro de Defensa, de que las familias, van tras el dinero del ex mandatario.

El juicio se verificará al amparo del Estatuto de Tortura Extranjera y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura acusando a ambos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad.

Las ocho familias serán atendidas por un grupo de entre 20 y 30 abogados de organizaciones no gubernamentales y de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

El proceso civil no tiene pena de cárcel pero según los expertos puede constituirse en un antecedente que permita el enjuiciamiento de Sánchez de Lozada, por la vía penal.

Las familias víctimas buscan una indemnización por daños y perjuicios por matanzas extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003.

Hasta ahora, todos los intentos del gobierno boliviano por llevar a juicio penal al ex presidente, fallaron debido a que la justicia de Estados Unidos negó la extradición de Goni, tal como se lo conoce en su círculo más íntimo.

Ambas ex autoridades están acusadas por "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003".

El juicio será seguido en Bolivia con la atención que merece el caso ya que escribirá un nuevo capítulo en la larga historia boliviana de masacres contra el pueblo que siempre pasaron al olvido.

Sea cual fuere el resultado del juicio se constituirá en un antecedente fundamental para que los gobernantes no utilicen las fuerzas de seguridad del estado para enfrentar al pueblo y lo que es peor, disparar en su contra.


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