Oruro, Bolivia. 23 de septiembre de 2018
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El diálogo como arma para la solución de los conflictos

EL FULGOR.com
date_range 21 de enero de 2018

A principios de esta semana que termina, el presidente Evo Morales, anunció en el Palacio de Gobierno que, junto a los dirigentes de la denominada Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), habían decidido otorgar el plazo de un año para socializar el contenido del nuevo Código del Sistema Penal.

La decisión presidencial fue asumida luego que los médicos sostuvieran una huelga general por 47 días exigiendo la anulación o derogación de dos artículos de la nueva norma penal. Tras lograr su objetivo otros sectores de la población como el transporte pesado, los gremiales, la universidad y otros, continuaron las movilizaciones esta vez exigiendo la abrogación de todo el Código.

El Código del Sistema Penal que reemplaza al Código de procedimiento Penal aprobado durante la gestión del ex dictador y luego presidente constitucional, Hugo Bánzer Súarez y fue promulgada por el vicepresidente Alvaro García, el pasado 15 de diciembre de 2017.

La población en su conjunto no conocía el contenido del nuevo código, es por eso que primero los médicos y luego otros, iniciaron acciones de protesta que culminaron en el pedido de su anulación total.

Mientras tanto, los parlamentarios de oposición ingresaron en una huelga de hambre exigiendo la misma medida, es decir, la abrogación de todo el texto. Esta medida fue fuertemente criticada por la población ya que según el criterio popular, esos asambleístas debieron advertir a los diferentes sectores sociales sobre el contenido de la norma y sus potenciales peligros.

El movimiento de protesta fue creciendo en todo el país. Se produjeron marchas y bloqueos de calles en varias capitales de departamento, el bloqueo más contundente se efectuó en Cochabamba.

Fotografías que muestran a un sacerdote bloqueando una arteria con varios santos que depositó en una pequeña mesa, o una pequeña niña que puso sus juguetes en media calle, dieron la vuelta al mundo, a través de las redes sociales.

En Trinidad se produjeron enfrentamientos entre los ciudadanos que bloqueaban las calles y funcionarios de la Gobernación, mientras que en Santa Cruz y Sucre, las organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa convocaron a un plantón, demandando la derogación de varios artículos de la ley penal que violan la libertad de expresión y eliminan la Ley de Imprenta.

Y serán los representantes de los periodistas y de los trabajadores de la prensa de todo Bolivia que se reunirán este fin de semana en Cochabamba, para analizar el contenido de la nueva norma penal y asumir una posición: pedir la derogatoria o modificación de varios artículos o la abrogación de todo el nuevo Código del Sistema Penal.

El gobierno, a través de sus operadores políticos minimizó las protestas y afirma que tras el anuncio del presidente Morales, las marchas y bloqueos no tenían razón de ser. Sin embargo, fue el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero que haciendo un mea culpa reconoció que al gobierno le faltó socializar la norma.

Hoy, el país está convulsionado aunque no lo quiera reconocer el gobierno que en esta hora debe demostrar su sabiduría y tener la paciencia necesaria para evitar que la violencia tome las calles.

Los bolivianos debemos utilizar la única arma que, en democracia, permite resolver los conflictos: el diálogo. Un diálogo sin tiempo definido hasta encontrar el consenso que nos permita retornar a la normalidad y continuar trabajando por la grandeza de nuestro país.



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