Oruro, 24 de junio de 2018
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La necesidad de un diálogo sincero

La necesidad de un diálogo sincero

EL FULGOR.com
date_range 14 de enero de 2018

Bolivia vive una fuerte convulsión social debido a la exigencia de varios sectores de la población de modificar algunos artículos del nuevo Código del Sistema Penal o su eliminación total con el argumento de que se trata de una norma que fue elaborada para defender al régimen y no para impartir justicia.

El pasado 15 de diciembre de 2017, el vicepresidente Alvaro García, promulgó la ahora controvertida norma, en ausencia del presidente Evo Morales, que se encontraba de viaje en Europa.

Dicha promulgación fue calificada como apresurada y un intento por poner en vigencia el nuevo código lo más antes posible, pese a que el mismo, otorga un plazo de 18 meses para su entrada en vigencia.

La norma reemplaza al Código de Procedimiento Penal que fue aprobado durante el gobierno dictatorial del general Hugo Banzer Suarez, considerado con el transcurso de los años como obsoleto.

El nuevo código fue trabajado durante cuatro años según dijo la presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño, por un equipo de juristas bolivianos.

Los médicos fueron los primeros en advertir que varios de los artículos de la nueva norma penalizaban su trabajo. Antes de la aprobación del nuevo código iniciaron una negociación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y con el propio gobierno, firmando varios acuerdos que luego fueron desconocidos por sus bases.

Una huelga general y de hambre de 47 días, culminó con la firma de un acuerdo que establecía la eliminación de los artículos 205 y 137 sin lograr el pedido de abrogación del nuevo código que los médicos agregaron luego a su demanda.

Voceros oficialistas de la Asamblea Legislativa Plurinacional han vaticinado que los médicos en el futuro inmediato, se arrepentirán de haber exigido la eliminación del citado artículo pues contenía atenuantes ante el cometido de una supuesta negligencia médica.

Sin embargo, representantes de los médicos afirman que en estos 18 meses que faltan para el ingreso en vigencia del nuevo código se elaborará una Ley Integral de Salud que será una solución general y a largo plazo del ejercicio de los profesionales de la salud.

La movilización y huelga general de los médicos, produjo la solidaridad de varios sectores como los gremiales que tras revisar el contenido del nuevo código exigen ahora su abrogación, es decir, su anulación total.

Luego del levantamiento del paro médico otros sectores como los trabajadores de la salud, gremiales, transporte pesado, la Universidad Mayor de San Andrés, mantienen las medidas de presión exigiendo también la abrogación de la norma.

El gobierno respondió que no abrogará el nuevo Código ya que lo considera bueno y un avance en materia legislativa.

Mientras tanto, otros sectores, como la propia Central Obrera Boliviana (COB) se sumaron al pedido de eliminación total del nuevo código y el pedido de elaborar uno nuevo,  en consenso con todos los sectores de la sociedad boliviana.

Legisladores de oposición iniciaron el pasado martes 9 de enero una huelga de hambre en instalaciones de la Cámara de Diputados exigiendo similar demanda.

Los curioso de esta medida lleva a la pregunta de por qué estos mismos parlamentarios, no advirtieron sobre el contenido del nuevo código que, se supone ellos conocían y que sólo luego de la reacción de varios sectores sociales asumen esa extrema medida, cuando dicha norma está aprobada y promulgada.

Lo evidente es que Bolivia sufre una fuerte presión social con movilizaciones en todos los departamentos que piden la abrogación del nuevo instrumento legal. Es en estas circunstancias cuando el diálogo, único instrumento que tiene la democracia para solucionar problemas, debe primar sobre las amenazas.

No podemos los bolivianos y el gobierno provocar una confrontación que podría llevarnos a funestas consecuencias, es necesario llegar a una solución a través de la negociación y no de la violencia, por el bien de todos.



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