Oruro, 21 de julio de 2018
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Una experiencia única en el mundo

Mediante voto popular Bolivia eligió cúpula judicial

Vocales del Órgano Electoral Plurinacional.

EL FULGOR.com
date_range 10 de diciembre de 2017

Ningún otro país en la región ni en el mundo elige mediante voto popular a la cúpula del sistema de administración de justicia. El 3 de diciembre de 2017, Bolivia por segunda vez (2011 primera elección)  eligió a 26 magistrados  del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Agroambiental (TA).

Pese a una alta participación ciudadana que supera el 82% por ciento del padrón electoral, de cada cinco votos emitidos, tres fueron nulos o blancos y solo dos respaldaron alguno de los 96 candidatos.

Como resultado, la mayoría de los candidatos alcanzó un promedio del 10% de votos del padrón electoral, y solamente un candidato, Gregorio Aro (Tribunal Agroambiental) obtuvo el 22% de votos del padrón electoral.

El proceso democrático para la elección de magistrados del Órgano Judicial mediante el voto soberano del pueblo boliviano fue calificado por los observadores electorales de Unasur y la OEA como “sui generis” (excepcional) en América Latina y el Caribe.

El jefe de la misión de la OEA, Guillaume Long, expresó que este proceso judicial no existe en otros países “en ese sentido es único, por lo que es de suma importancia analizarlo y estudiarlo a fondo”, precisó.

Delegados en una mesa de votación.


RESISTENCIA POLÍTICA

En los dos procesos democráticos (2011- 2017) los derechos constitucionales de los actores principales —elegidos y electores— fueron sistemáticamente vulnerados y vapuleados por los partidos de la oposición con una dura campaña de digitación del voto nulo de la población, haciendo uso de espacios mediáticos, públicos y redes sociales con mensajes que generaban alarma y psicosis en la población.

Pese a su participación en los procesos de evaluación de los candidatos, los partidos políticos convirtieron la elección judicial en un plebiscito contra el primer mandatario de Bolivia, azuzando la deslegitimidad de los candidatos por vinculaciones que tendrían con el partido de gobierno.  

Pero para los analistas y observadores internacionales como Luis Pásara, de la Fundación para el Debido proceso (https://dplfblog.com/2017/07/07/elecciones-judiciales-en-bolivia-segundo-intento/) autor del libro “Elecciones judiciales en Bolivia Una experiencia inédita”, el accionar de los partidos políticos no es casual ni patriótica, es una acción de resistencia a dejar sus prerrogativas en manos del pueblo.  

“En América Latina se ha podido observar, en los procesos de reforma del sistema de justicia que los actores políticos se resisten a abandonar un rol decisorio en el nombramiento de magistrados; especialmente cuando se trata de las altas cortes”, señala Luis Pásara.

Además agrega, que el precio de esta renuencia impacta directamente en la población que considera al sistema de justicia como “carente de legitimidad” y que “con buenas razones lo identifica con los poderes establecidos y no puede ver en él la imparcialidad que la tarea de administrar justicia requiere”.

Frente a esa realidad, Pásara, señala que la única arma disponible para la sociedad es la vigilancia y alerta. “Esta vigilancia se encamina a hacer notar públicamente qué precio deben pagar los políticos, ante los electores, por lo que hagan”.

Voto rural.


MALAS JUGADAS

A  la campaña de renuencia política, cinco días antes de la realización de las elecciones judiciales, se sumó un fallo, del saliente Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que daba luz verde a una nueva repostulación de Evo Morales Ayma a las elecciones presidenciales del 2019, fundamentada en el Pacto de San José en el que se establece que los derechos políticos son más importantes que las restricciones de las normas nacionales.

"Hemos dispuesto que justamente la prevalencia, la aplicación preferente de convenios internacionales con relación a la aplicación preferente de esa disposición legal dispuesta en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado", indicó el presidente del TCP, Macario Lahor Cortez, en rueda de prensa desde de la sede del Poder Judicial boliviano.

Dicho fallo constitucional, fue instrumentalizado por la oposición para enervar a la generación  millennials  (nacidos en el desarrollo de la nueva tecnología) y que se visibilicen con protestas callejeras, muchas subidas de tono, como lo ocurrido en la ciudad de Santa Cruz, donde se intentó la toma de tres entidades del Estado causando daños materiales en las infraestructuras.

SILENCIO PERMISIVO

Al igual que el proceso eleccionario del 2011, los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial, no sólo estaban impedidos de realizar campaña pidiendo el voto de la población, sino que tuvieron que soportar, en silencio y con resignación, la dura campaña antijudicialista de los partidos de oposición.

Parlamentarios del partido de Gobierno pidieron a los vocales del  Tribunal Supremo Electoral sancionar y restringir las campañas de los partidos políticos por vulnerar la Ley Electoral sobre el derecho al “voto secreto” pero los vocales sin un pronunciamiento oficial sólo declararon por medio de prensa que la campaña por el voto nulo estaba amparada en la libertad de expresión.

“En tanto ésta (la opinión o la campaña) no afecte o se vea incluida dentro de las previsiones legales, no se va a emitir ninguna sanción”, señaló el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas al aclarar “actuaremos de acuerdo a lo determinado por la ley cuando hacen campaña a favor o en contra de los candidatos postulantes  (…) solo actuaremos en esos casos”.

Elecciones judiciales únicas en todo el mundo.


NUEVAS REGLAS

En 2017, a diferencia de 2011, el Órgano Legislativo Plurinacional intentó brindar mayor legitimidad a este proceso, incorporando dos nuevos elementos: evaluaciones a los candidatos y participación de representantes de las carreras de derecho de las universidades públicas.

También se permitió difundir los méritos de los candidatos en los medios de comunicación, con algunas restricciones, que a diferencia del 2011 estaban impedidos de hacer entrevistas, debían limitarse a difundir las hojas de vida y no permitía la difusión de encuestas, entre otros límites.

El segundo elemento orientado a ampliar el voto válido fue la disminución del número de candidatos y el diseño de la papeleta. En las elecciones de 2011 se habilitaron 118 candidatos; en 2017 se acreditaron 96 postulantes.




El voto nulo se impuso en las Elecciones Judiciales


Según el conteo rápido de voto al 99% (al 6 de diciembre) en el cómputo de votos registrados hasta el momento, a nivel nacional los votos nulos alcanzan al 51,36% del padrón electoral, votos blancos al 16% mientras que los votos válidos alcanzan al 32,63% de los electores.

La generación millennials, habitante de las ciudades capitales de departamento, fue la que más rechazó el proceso eleccionario y vinculó a la repostulación de Evo Morales, en Potosí el voto nulo es del 73;57%; en Santa Cruz el 66,15%, En Tarija el 64,66%, mientras que en Sucre llega al 63,17% en Cochabamba 59,61%, Cobija 55,07% y Cobija 55,40%.



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