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    ORURO, 21 DE ENERO DE 2021

Posverdad de las elecciones generales mantiene en vilo a Santa Cruz


Evelín López Tellería
EL FULGOR.com

29 de octubre de 2020

timer 8 min. 12 seg.





Los post que fueron viralizados en las redes sociales para armar la teoría de un fraude monumental .

Diez días después de la aplastante victoria democrática del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas, con el 55,11% de los votos, y a pocos días de asumir su cuarto mandato todavía se escuchan voces disonantes con los resultados confirmados al 100 por ciento del escrutinio nacional por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), bajo la narrativa de un monumental fraude electoral que no logra reunir pruebas fehacientes ni argumentos técnicos de respaldo.

Previa a la realización de las elecciones presidenciales se fue instalando en las redes sociales cuestionamientos a los procedimientos y la transparencia del Órgano Electoral, desde los propios partidos políticos como parte de su estrategia de desacreditación a sus oponentes, que hoy en día, derivan en la narrativa del fraude electoral como una posverdad que genera tensión en la población cruceña sitiada ante posibles escenarios de conflicto.

La posverdad, según la Real Academia de la Lengua Española, es la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales de la ciudadanía.

Y es que de nada valieron las manifestaciones públicas de los partidos políticos reconociendo la victoria masista en las justas electorales ni las valoraciones de transparencia que efectuaron los observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) que el pasado año encontró irregularidades en las fallidas elecciones que obligaron a renunciar a Evo Morales y buscar refugio en Argentina.

El Comité Cívico pro Santa Cruz, mediante un comunicado acusó a la presidenta Jeanine Áñez y al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de tener un “acuerdo político” con el MAS, tras haber reconocido la victoria de Luis Arce Catacora, en base a resultados preliminares.

“Ninguno de los partidos salió a denunciar la gran cantidad de irregularidades e inconsistencia de los resultados”, destaca el comunicado, en consonancia a la denuncia que presentó el pasado jueves el presidente de la entidad, Rómulo Calvo, con supuestas “pruebas contundentes” del fraude electoral, entre ellas las actas de la elección de 2019.

“Aquí no existe algo claro, aquí tiene que haber irregularidades, ese es el trabajo que estamos realizando nosotros para poder encontrar”, insistió al tiempo de destacar que mientras el ente electoral no entregue información, no reconocerán a ninguna autoridad electa, ya que existirían “indicios suficientes” de fraude.

 

Después de un fracasado paro de 48 horas, convocado por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), el pasado fin de semana, prosiguieron las convocatorias a cabildos y marchas que derivaron en el clamoroso pedido a las Fuerzas Armadas para quebrantar la institucionalidad del Estado con una junta militar y policial que cierre la Asamblea Legislativa, además de los órganos Judicial y Electoral.

 

 

Incluso el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exhortó a la presidenta transitoria, Jeanine Añez, no entregar el mando del Ejecutivo a Luis Arce Catacora, mientras no se realice una auditoría al software electoral al considerar que hubo un fraude “informático y científico”, (como destaca en el tuit falso del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín), por ello es difícil presentar pruebas contundentes, destaca Juan Carlos Manuel, presidente del ente cívico.

En La Paz y Cochabamba también se registraron marchas de protesta contra los resultados electorales, pero fueron sofocados por la ciudadanía al cuestionar a las plataformas que formaron parte de las alianzas políticas de no aceptar con seriedad su derrota.

LA NARRATIVA DEL FRAUDE

Empezó en el mes de mayo, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, a través de las redes sociales se esparció una cadena de publicaciones engañosas y mentiras (fake news) como parte de la campaña electoral que provenía desde las propias estructuras políticas generando desconfianza en el proceso electoral y que motivaron realizar los desmentidos a las verificadoras de publicaciones falsas.

Esta corriente se inició con cuestionamientos a Ley 421, de Distribución de Escaños entre departamentos, insistiendo que el voto rural valía más que el voto urbano, como destacaba en conferencia de prensa el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y que después sirvió de argumento para que la senadora Eva Gonzales del partido gobernante Unidad Demócrata presente un amparo de inconstitucionalidad de la referida norma que fue rechazada por el Tribunal Constitucional, el 20 de septiembre.

TRANSPARENCIA DEL TSE

También en septiembre se instaló una cadena de mentiras contra la transparencia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), primero se dijo que contrató a la empresa encuestadora Vía Ciencia para realizar el cómputo rápido de votos y “consumar el fraude a favor del MAS”, ya que el propietario de la empresa seria Luis Fernando Vía Cavero, exfuncionario público; sin embargo, el representante legal de la empresa es Oskar Fletscher y tampoco fue contratada para transmitir resultados de conteo rápido, la empresa que contrató el TSE es Reckon Digital.

A los pocos días se desplegó el falso rumor de que el hijo de la presidenta y candidata de Juntos, Jeanine Añez (José Armando Ribera Añez) trabajaba en el TSE en el área de computo de resultados y gestión de votos. Luego que el sobrino del candidato vicepresidencial de ese frente, Samuel Doria Medina, sería el propietario de la imprenta "Lara Bish" contratada para la impresión de las papeletas de sufragio.

Posteriormente, los frentes políticos pusieron en tela de juicio que el Órgano Electoral haya suscrito convenios con la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en los recintos de votación y el resguardo del material electoral, aduciendo que trasladarían las actas supuestamente sin presencia de los notarios electorales.

EL PESO DE SANTA CRUZ

En la recta final del proceso electoral, los frentes reforzaron el argumento del voto útil para evitar que retorne el MAS, bajando las candidaturas de Juntos, que postulaba a Jeanine Añez, de María Baya, ADN y de Libre 21 de Jorge (Tuto) Quiroga, luego se viralizó el pedido de declinar la candidatura de Creemos que lideriza Luis Fernando Camacho.

Camacho instaló en el imaginario que el peso de Santa Cruz en el padrón electoral definiría las elecciones nacionales, destacando que el partido que obtenga el 70% de los votos en ese departamento tenía asegurada la presidencia; pero en los hechos representa sólo el 26% del padrón nacional y en el mejor de los casos su impacto alcanzaría al 18% de los votos.

MENTIRAS TENSIONAN LOS RESULTADOS

En la víspera del inicio de las elecciones presidenciales, el TSE anunció la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Preliminares con el objetivo de "no generar incertidumbre" en la población confirmando que solo entregaría los resultados oficiales.

Si bien la medida ayudó a bajar la tensión por los anuncios del MAS de tomar las calles en caso de comprobarse un fraude montado desde el gobierno para favorecer al candidato de Comunidad Ciudadana, en contraposición el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una demostración de fuerzas del orden advirtió actuar con rigor en caso de registrarse disturbios por el proceso electoral.

Sin embargo, a la conclusión de la jornada de votación que congregó al 95% de los votantes, el silencio y zozobra por los resultados inundaron las redes sociales con publicaciones falsas reactivando la teoría imaginaria de un megafraude montado con la anuencia del Tribunal Supremo Electoral, Ciesmori y Jubileo que anticiparon pasada la media noche la victoria del MAS en boca de urna.

Desde cuadro de resultados finales, alertas sobre la eliminación de votantes, post falsos de personalidades, capturas de pantalla con logo de medios de comunicación  e incluso declaraciones falsas fueron viralizadas en las redes sociales configurando de esta forma la narrativa de fraude monumental, dejando fuera del debate el mea culpa contra el binomio de Creemos ya que líderes de opinión, analistas y autoridades de gobierno prácticamente le exigían que decline su candidatura para cerrarle el paso al MAS, aunque las cifras demuestran que ni resignado su pretensión, los resultados hubiesen alcanzado para la victoria de Carlos Mesa.

Convencida Santa Cruz del “fraude monumental”, el presidente cívico, Rómulo Calvo, anunció que en las próximas horas se trasladará a la sede de Gobierno para iniciar una huelga de hambre en puertas de la Asamblea Legislativa, exigiendo el inicio de una auditoría a las Elecciones Generales, por denuncias de presunto fraude.

 

 





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