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    ORURO, 02 DE JUNIO DE 2020

EDITORIAL

Una prensa libre sinónimo de democracia plena

REDACCIÓN CENTRAL
EL FULGOR.com

15 de diciembre de 2019

timer 3 min. 1 seg.


El gobierno transitorio de la presidente Jeanine Añez, aprobó un decreto supremo que garantiza el trabajo de los periodistas, hombres y mujeres, a través del libre acceso a la información que se genera en todas las entidades públicas, como una muestra del retorno de una plena libertad de expresión, de una prensa libre sinónimo de democracia plena.

El proyecto de decreto supremo fue aprobado durante una reunión efectuada el pasado martes 10, entre dirigentes de las organizaciones nacionales de los periodistas y de los trabajadores de la prensa a invitación de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.

Se trata, sin duda alguna, de una importante señal que da el gobierno transitorio de respeto a la libertad de expresión, de opinión y de prensa para generar una información plural, sin condicionamientos, como en el pasado inmediato.

El documento, además, garantiza el acceso a la información pública de todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza y no sólo de los periodistas y obliga a las entidades públicas a establecer los mecanismos necesarios que permitan la obtención de la información de manera rápida y oportuna.

Ratifica las disposiciones constitucionales de protección laboral para los periodistas de los medios de comunicación privados, así como de todos los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.

El gobierno se compromete a realizar gestiones ante los concejos municipales de las capitales de departamento y de provincias, para que se cumpla la Ley de Imprenta y se proceda a la organización de los Tribunales de Imprenta.

Se trata de evitar que los periodistas sean juzgados por la vía penal tal como sucedió con el régimen anterior y que se cumpla lo establecido en la ley y los procesos contra los hombres y mujeres de prensa acusados de delitos de imprenta sean sometidos al Tribunal de Imprenta.

Pero también establece que los servidores públicos que atenten contra el trabajo y/o la libertad de expresión y de prensa, serán sometidos a la jurisdicción ordinaria.

En el pasado reciente, algunas autoridades, de manera sostenida atentaban contra el trabajo de los periodistas llegando al insulto y a la difamación, sin prueba alguna.

Prueba de ellos son los insultos, agresiones, así como las vejaciones que el alcalde de Santa Cruz, comete contra periodistas, especialmente mujeres, a partir de la aprobación de esta norma, este tipo de conductas conducirán a sus autores, ante un tribunal ordinario.

Si bien tanto la libertad de expresión, de opinión y de prensa, están normadas en la Carta Magna, se debe recordar que las mismas no fueron cumplidas y que los periodistas en los últimos años fueron sometidos a fuertes presiones que impedían efectuar un trabajo transparente.

La norma tiene como uno de sus objetivos recuperar el ejercicio del periodismo en libertad y sin condicionamientos.

Es de esperar que, en la práctica, esto realmente ocurra y que no retorne al pasado inmediato aplicando restricciones y control de los medios y de los mensajes, sólo una prensa verdaderamente libre ayuda a profundizar la democracia y el estado de derecho.

 





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