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    ORURO, 29 DE OCTUBRE DE 2020

En medio de los conflictos sociales

Sube la violencia y acoso político contra las mujeres

La violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.


Evelín López Tellería
EL FULGOR.com
ORURO
10 de noviembre de 2019

timer 5 min. 36 seg.





La alcaldesa de Vinto fue agredida, humillada y obligada a caminar descalza

“Mi único pecado ha sido trabajar por mi pueblo. No tengo miedo y no me voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten", exclamó firmemente la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, ante una furibunda turba de jóvenes con el rostro cubierto —que la presionaba para que renuncie al cargo edil— ante la mirada recriminadora de pobladores de ese municipio y de Quillacollo que la responsabilizaban de haber financiado la movilización de miles de productores de coca, mujeres bartolinas y mineros que llegaron a Cochabamba para enfrentarse y desbloquear el paro cívico que se cumplía en esa región.

La turba de jóvenes y vecinos quemó las oficinas del municipio de Vinto y luego detuvieron a la alcaldesa que corría descalza por la calle. La golpearon y empujaron hasta que caiga al suelo, en medio de la multitud que le gritaba "asesina", según mostraron las imágenes de los medios de comunicación.

La obligaron a caminar descalza desde Vinto hasta Quillacollo, la subieron a una tarima y ahí públicamente le cortaron el cabello —como en la inquisición— luego le rociaron con pintura roja, mientras la multitud (hombres y mujeres) a gritos le recriminaba por haber promovido la violencia en Quillacollo. Después de cuatro horas fue evacuada por la Policía.

“El cabello es la mujer, es la carne, la femenicidad, la tentación, la seducción, el pecado” escribe la historiadora Michel Perrot y luego agrega que “rapar a alguien es tomar posesión de esa persona, es anonimizarla y humillarla” y ese era precisamente el objetivo de la enardecida turba que vejó públicamente la dignidad de Patricia Arce para que dimita de su cargo, que venía siendo cuestionado por diferentes sectores.

El suceso se produjo en medio del enfrentamiento que se registraba entre grupos que demandan la renuncia del presidente Evo Morales y otros que defienden la victoria que obtuvo el pasado 20 de octubre en las urnas. Ese día, la violencia se cobró la vida de un joven de 20 años y dejó más de 90 heridos.

En Santa Cruz, Paola Aguilar Serrudo, fue humillada en público y obligada a pedir perdón por promover el derecho al trabajo.

Pero no es el único caso de la agresión a mujeres que ejercen un cargo político, sindical o gremial. La pasada semana, una alta dirigente gremial de Santa Cruz, Paola Aguilar Serrudo, fue humillada en público y obligada a pedir perdón al presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, por haber promovido que su sector rompa el paro cívico y salgan las ambulantes a vender a las calles, ya que generan su sustento diario.

La gremialista fue secuestrada, torturada y golpeada, según la denuncia que presentó ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que la desagravió en un acto realizado en la ciudad de La Paz.

A estos sucesos de humillación pública de las mujeres que ejercen una representación pública, se suman las agresiones físicas y psicológicas contra mujeres de pollera y de rasgos indígenas que desde el pasado el 20 de octubre, se viene registrando en ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

“A puertas cerradas o durante un conflicto, la violencia contra las mujeres es una cruel y constante violación de los derechos humanos que obstaculiza el desarrollo humano”, destaca el portal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al agregar que los ataques hacia las mujeres, por ser mujeres, tiene como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo en el ejercicio de sus funciones.

En 2012, Bolivia, es un país pionero que adoptó la Ley sobre violencia y acoso político hacia las mujeres y en 2016 la norma fue reglamentada. Otros países de la región como Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Perú han presentado iniciativas de ley para consideración de sus parlamentos.

Sin embargo, un reciente estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, una entidad beneficiaria del Fondo para la Igualdad de Género, reveló que entre el 65 y el 70 por ciento de las mujeres parlamentarias ha sido víctima de acoso y violencia política y que hasta la fecha se encuentran en proceso judicial más de 30 casos por violencia y acoso político.

La  escalada de violencia ya se ha cobrado en Bolivia, la vida de tres personas y más de 150, resultaron heridas, en todo el país.

En tanto que la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), informó que desde el año 2010 a la fecha, fueron recepcionadas un total de 272 denuncias por acoso y violencia política, un promedio de 28 casos por año. Los casos más denunciados por factor de preminencia fueron por: 1) presión para la renuncia de concejalas, 2) actos de violencia sexual, física y psicológica, así como exceso de autoridad contra concejalas; 3) impedimento en el ejercicio de sus funciones y ocupación ilegal de la concejalía; 4) congelamiento ilegal de salarios; 5) discriminación, y 6) difamación y calumnia.

Del total de casos denunciados, el 40% fueron derivados a instancias del Ministerio Público y de los órganos del Estado para que se tramiten los procesos de investigación y se establezcan las sanciones dispuestas en la normativa, aunque a criterio de ACOBOL, a la fecha la mayoría han quedado en la impunidad. El 32% no obtuvo ninguna respuesta y en relación con el 7,6% las instituciones se excusaron indicando no tener competencia al respecto.

 









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