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    ORURO, 27 DE OCTUBRE DE 2020

El bloqueo un atentado a la libre circulación


REDACCIÓN CENTRAL
EL FULGOR.com

22 de septiembre de 2019

timer 3 min. 18 seg.




El bloqueo de calles, avenidas, puentes y/o carreteras se ha convertido en un mecanismo de presión, atentatorio a los derechos de circulación de todos los bolivianos y bolivianas, por cualquier parte del territorio nacional tal como consigna la Constitución Política del Estado.

Pese a esta expresa prohibición contenida en el artículo 21, inciso 7 de la Carta Magna, que dice que los bolivianos y bolivianas tenemos el derecho a la libertad de residencia, permanencia y “circulación en todo el territorio boliviano”, que incluye la salida e ingreso del país, cualquier grupo humano por más pequeño o grande que sea, se cree con el derecho de bloquear el paso para lograr la atención de las autoridades a sus demandas.

Esta práctica fue iniciada a finales del siglo pasado como un método de lucha de la Central Obrera Boliviana (COB) y aplicado por primera vez, luego de una reunión del Consejo de Defensa de la Democracia, (Conade), el 17 de julio de 1980.

Ese día, se produjo el golpe de estado del entonces general Luís García Meza Tejada (+), secundado por el coronel Luís Arce Gómez, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

Para entonces, los movimientos sindicales, agrupados en la COB utilizaban la huelga como principal arma para el logro de sus peticiones generalmente vinculadas a mejores salariales, pero, en julio de 1980, se utilizó para frenar, aunque sin resultado positivo, el golpe militar.

Luego de la llamada “relocalización” de los trabajadores mineros a través del Decreto Supremo No. 21060, del 29 de agosto de 1985, miles de ellos, se dirigieron a la zona del Chapare, donde fueron los abanderados para el surgimiento de los sindicatos cocaleros.

La represión de las fuerzas policiales y militares, para erradicar los cocales llamados excedentarios, era entonces, respondida con bloqueos de los caminos cortando el país en dos e interrumpiendo la conexión del oriente con el occidente.

A partir de entonces, cualquier grupo social que plantea una demanda y no es atendida se cree con el derecho de bloquear calles, avenidas, así como carreteras vecinales, o troncales.

La permisividad de las actuales autoridades, hace que esta práctica completamente dañina a los intereses de los demás, sea vista como algo común.

Los viajeros de las flotas, por ejemplo, cuando se interrumpe su viaje por el corte del camino comentan con resignación “hay bloqueo, hay que esperar”.

No se reclama el derecho que tenemos todos de circular libremente por cualquier parte del territorio de nuestro país. Nuestras actividades cualesquiera sean, deben ser postergadas hasta que los protagonistas del bloqueo, decidan retirarlo.

En Oruro, esta práctica es muy común, todos los grupos humanos organizados, cuando plantean demandas que no son atendidas, recurren a bloquear las calles.

Lo más frecuente es dirigirse a la plaza principal 10 de Febrero, ocupar sus cuatro esquinas y cortar el tráfico de vehículos, ante la pasividad de las autoridades que están obligadas a cumplir la ley y más aún, la propia Constitución Política del Estado.

Pero, un signo esperanzador surgió la semana que termina en La Paz, cuando la Sala Constitucional Primera emitió un fallo prohibiendo a los choferes efectuar bloqueos y actos violentos contra la población.

Es de esperar que a partir de esta decisión de la justicia, los salvajes bloqueos, terminen y las autoridades hagan cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado.

 









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