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    ORURO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Entrará en vigencia en octubre de este año

Ley de Abreviación Procesal Penal para acabar con la retardación de justicia

Patricia Barriga Flores
EL FULGOR.com
ORURO
25 de agosto de 2019

timer 6 min. 2 seg.


Jueces deben atender cientos de casos por la falta de recursos humanos.

Mucho se habla de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, que en octubre entraría en vigencia, para su correspondiente aplicación, y además existe cierta esperanza en dicha norma que modifica el Código de Procedimiento Penal.

En un criterio básico, la Ley 1173 está destinada a eliminar la retardación de justicia y el excesivo uso de la medida cautelar con detención preventiva, además incorpora al sistema procesal penal de medios tecnológicos, como el correo electrónico para las notificaciones, así como los medios para reforzar la Ley 348 que Garantiza a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y el Código Niño, Niña y Adolescente.

Sin embargo, existen observaciones a la aplicación de esta norma, no porque la ley esté mal, sino por las condiciones en las que se pretende aplicarla, es lo que explica el ex fiscal y presidente de la Asociación de Abogados en Materia Penal de Oruro, Rando Luciano Chambi Mamani, quien sostiene que existe un problema fundamental al poner en vigencia, no solo esta ley sino muchas otras.

“El problema no es la ley, el problema es que aumenta la carga procesal, hay nuevos delitos de racismo, de la Ley 348, por la portación de armas, biocidio, se han creado innumerables delitos, pero no se ha incrementado el número de personal”, manifestó Chambi.

Hace 20 años que se ha promulgado el Código Penal y la principal observación para su aplicación fue las condiciones precarias en las que se pretende aplicar, falta de infraestructura, pocos jueces, fiscales e institutos de investigaciones forenses (IDIF).

“Esta ley pretende que un juicio se inicie y prosiga hasta concluir con sentencia, pero no se ha incrementado el número de jueces, en Oruro solo tenemos tres tribunales de Sentencia, y cómo vamos a dar cumplimiento, éste es el principal problema que ha ocasionado que ninguna ley funcione en el sistema procesal penal”, sostuvo el jurista.

El Código Penal ha sido modificado en diferentes oportunidades por diferentes leyes, y permanentemente se ha indicado que cambiaría la justicia, que sería más rápida, pero jamás se ha incrementado el personal, y menos se ha pensado en tener un IDIF en cada departamento.

“Esta ley tampoco va a tener muchos aciertos, porque no se puede entender como un juez pueda estar a cargo de 500 u 800 procesos”, afirmó Chambi.

Notificaciones con la Ley 1173, se realizarán a través del correo electrónico.

Hizo un llamado a los legisladores, para que más allá de solo pensar en la redacción de leyes, que en teoría pueden ser excelentes, en la práctica no lo sean, y no porque las normas no sean las adecuadas, sino solo porque no se piensa en los medios que harán posible su aplicación.

Chambi sostuvo que, para exponer este hecho, el Colegio Departamental de Abogados de Oruro, hizo llegar una nota al presidente Evo Morales, pidiéndole una reunión, pero, hasta el momento no recibieron respuesta.

¿Por qué esta misma ley en otros países sí resulta?, cuestiona el abogado, más cuando se sabe que este código es un modelo para toda Latinoamérica, pues se lo ha aplicado en costa Rica, en Uruguay, y otros países, en los que las diferencias no son abismales, pero ha funcionado porque sí ha existido la otorgación de recursos económicos.

Puso como ejemplo Chile, donde el Ministerio Público está bien acompañado con su equipo de investigación con especialistas, lo que en Bolivia se conoce como IDIF; biología forense, genética forense, peritos en grafología, todo un equipo por circunscripción y en Bolivia solo en La Paz y Sucre se cuenta con este equipo.

Para tener solo una referencia, Chambi indicó que en Oruro debía triplicarse la cantidad de jueces y fiscales, porque actualmente un fiscal tiene que atender entre 800 y 900 causas.

“Parecerá que está bien este gobierno en la medida de haber generado recursos económicos, porque vemos que hay mucho movimiento económico, pero parece que está mal el cómo se están utilizando, debían invertir en justicia”, dijo Chambi.

Aseguró que en el fondo el fin de la Ley 1173, es muy buena, porque además de tratar de agilizar los procesos, se respetará el derecho a la presunción de inocencia, porque la regla será la libertad y la excepción la detención.

Presidente de la Asociación de Abogados en Materia Penal, Rando Chambi.

“Si a alguna persona se le sindicará de algún delito se lo hará con la sentencia, esa es una de las muchas virtudes”, indicó, pero advirtió que será también un problema, porque se debe hacer entender a las víctimas, que la detención preventiva no es hacer justicia.

Es decir, desde hace 20 años, con la promulgación del Código de Procedimiento Penal, en un sistema acusatorio estrictamente oral, se hizo creer a la víctima que con una detención preventiva se le ha hecho justicia, cuando en el fondo lo que se debe hacer es demostrar la responsabilidad con una sentencia rápida, sea ésta condenatoria o absolutoria pero rápida.

“Son 20 años que la ciudadanía que ha entendido que la detención preventiva es un acceso a la justicia, pero con esta ley habrá un conflicto de intereses”, indicó Chambi.

Lo cierto es que, en Bolivia, existe leyes que son un ejemplo, “leyes de avanzada” como las califican algunos políticos, pero en realidad solo son teoría, pues la falta de recursos económicos hacen que no se cuente con la infraestructura adecuada, medios ni tecnología para las investigaciones, ni la cantidad de personal idóneo.

Bolivia está entre los países con mayor cantidad de violencia hacia la niñez, adolescencia, las mujeres, y otros grupos vulnerables, pese a contar con la Ley 348, el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley 047 contra toda forma de discriminación, y otras más que sancionan rígidamente al infractor, pero “el problema no es la ley…sino las condiciones para su aplicación a cabalidad”.

 





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