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    ORURO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Avasalladores, entre marchas y bloqueos, exigen legalizar lo ilegal

Autoridades rechazan sus demandas y advierten que no permitirán que les obliguen a cometer actos ilegales

Patricia Barriga Flores
EL FULGOR.com
ORURO
21 de julio de 2019

timer 6 min. 3 seg.


La ciudad de Oruro creció de manera desordenada por los asentamientos ilegales

Desde 2006 en nuestro país, y particularmente en la ciudad de Oruro, se han ocupado tierras ilegalmente, a vista y paciencia de las autoridades, por parte de grupos que, para justificar sus actos fuera de la ley,  se hacían llamar “Los sin Techo”.

Con el pasar del tiempo, se fue observando cómo algunas personas comenzaban a denunciar que los dirigentes de estos grupos comenzaron a cobrar desde unos pocos dólares, hasta miles, asegurando tramitar y entregar los derechos propietarios a toda esta gente.

Sin embargo, a 10 años de tales compromisos no existen estos documentos, porque los terrenos que avasallaron, tienen dueños legalmente constituidos, quienes, desde 2006, peregrinan en los juzgados e instituciones, buscando que alguna autoridad haga respetar el derecho a la propiedad privada.

En muchas oportunidades a los llamados “sin techo” la población los vio como a personas de escasos recursos que lamentablemente no contaban con una vivienda propia, pero de a poco se observó que los avasalladores iban construyendo sus casas en muy poco tiempo, con edificaciones en algunos casos, de gran tamaño, pero además que son personas llegadas de las provincias, donde también tienen sus terrenos.

Esto se observó durante los procesos eleccionarios, cuando las urbanizaciones periurbanas quedaban desiertas, pues los asentados retornaban a sus pueblos en el área rural.

Bloqueo en puertas del municipio por parte de avasalladores

Los avasallamientos se volvieron incontrolables, la urbe orureña creció exponencialmente, pero desordenadamente, y hoy estas personas a través de amenazas con marchas y bloqueos exigen al municipio legalizar lo ilegal, otorgándoles su derecho propietario.

En ese contexto, y ante el perjuicio que ocasionaron en el normal desenvolvimiento de las diferentes oficinas del Municipio orureño, impidiendo el acceso de la población, las autoridades explicaron a los avasalladores que sus demandas son inadmisibles y que no cometerán ni aceptarán actos ilegales.

El secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Marcelo Cortez señaló que es lamentable el conflicto que ha generado perjuicios primero a la circulación del transporte y luego a la actividad del municipio de Oruro.

Ante su pedido de exigir su derecho propietario, aclaró que este documento no lo otorga el Gobierno Municipal, porque no está dentro de sus competencias el reconocer o entregar derecho propietario alguno a un privado y de ser necesario a un público mediante una ley nacional.

“En este sentido el primer pedido de los que hacen el reclamo es totalmente inadmisible”, refirió Cortez.

También se explicó que ante la pretensión de que se apliquen ciertas normas, que por su contenido implican una suerte de generalización de los conflictos territoriales de todo el municipio de Oruro, tampoco es viable porque esto provocaría que las personas que tienen su derecho propietario ya consolidado, podrían verse afectadas, por procesos que el Gobierno Municipal tendría que procurar a partir de los criterios que están manejando los avasalladores.

Una tercera exigencia pasa por suspender los trámites que se encuentran en plena actividad en las oficinas de Ordenamiento Territorial, lo que implicaría desconocer derechos de propiedad adquiridos por personas en el ámbito de su libertad contractual, y afectar toda la burocracia administrativa.

Los Contribuyentes se vieron perjudicados por el bloqueo de los avasalladores

Otro elemento que se advirtió y llama la atención es que dentro este conglomerado de personas existen muchas urbanizaciones, entre ellas La Colonia, Viscachani, Prolongación Capitán Barriga, Entre Ríos, Paraíso y otras, que tienen conflictos particulares, que no tienen que ver con el Gobierno Municipal.

Por ejemplo, la urbanización La Colonia tiene dificultades con el INRA, la urbanización Capitán Barriga tienen un problema particular con la familia Ocampo Young, que es un tema privado y así, cada sector avasallado tiene sus particularidades.

“Lo que queremos constar es que el Gobierno Municipal no puede fomentar actos de ilegalidad, no puede consolidar o procurar actividades que no son legalmente admitidas, el Gobierno Municipal será firme en el respeto a la propiedad privada en general, y me parece que el principio de autoridad tiene que ir a partir de ese criterio, nosotros no vamos a cometer el error de admitir conductas que muy bien en el futuro pueden generar responsabilidades inclusive penales a la máxima autoridad municipal”, aseguró Cortez.

AUDITORÍA

Sin embargo, el secretario general del GAMO sostuvo que se han iniciado procesos de auditoría técnica, promovidos en la zona del Barquito, en la zona de la comunidad Sora, acciones que se han convenido con todos los sectores en una reunión general realizada en la Gobernación.

Además se efectúa una auditoría de las tierras fiscales que están siendo reclamadas, para que finalmente se cuente con un documento que establezca si son o no son tierras fiscales.

“Obviamente todo ese trabajo se está haciendo cumpliendo plazos, entonces creemos que el movimiento que se está generando es totalmente injustificado y pretende generar, a todas luces que la alcaldía incurra en un error y eso no lo podemos aceptar, los compañeros a juicio nuestro están mal orientados en la línea que deben seguir”, remarcó Cortez.

Pese a no contribuir con impuestos ni sufragar en la ciudad, periurbanos se benefician con inversión en obras como aceras, cordones y alcantarillado

DECRETO

Otro tema que reclaman los avasalladores es la aplicación de un decreto de hace 50 años, en el que se determinaban 60 días para la expropiación de terrenos, por parte de la alcaldía a personas particulares que poseían varias hectáreas en el área extensiva de la ciudad.

Al parecer esto no se cumplió en Oruro, y no se expropió las tierras, y hoy cuando el contexto es diferente, pues esos terrenos han sido vendidos a terceros, que consolidaron su derecho propietario, se pretende que se aplique ese decreto, tratando que todos esos espacios pasen a ser del Municipio, lo que provocaría un caos y la reacción de quienes habitan legalmente en los mismos.

El alcalde, Saúl Aguilar también fue contundente, al señalar que no cometerá actos ilegales por la presión de algunos grupos, que están siendo mal orientados por dirigentes como Roberto Vásquez, quien induce a las personas a asumir medidas de presión exigiendo legalizar lo ilegal.

 





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