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    ORURO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Bolivia ocupa el décimo lugar del mundo en trato más infrahumano a sus reos

Mientras la antigua cárcel de San Pedro se cae, la nueva no acaba de inaugurarse

La nueva cárcel de Oruro desde hace tres meses está lista para inaugurarse, pero el acto, se postergó hasta nuevo aviso. En Oruro los nuevos detenidos están por robo de mineral, asistencia familiar y violencia intrafamiliar el indicador desplaza a los detenidos por narcotráfico que hoy son pocos. La Cárcel de San Pedro de Oruro que tiene 800 detenidos cuando su capacidad es de 250 está a punto de colapsar no solo por su población sino por su infraestructura vieja y llena de goteras.

Ruth Chuquimia Bustillos
EL FULGOR.com
ORURO
07 de julio de 2019

timer 10 min. 41 seg.


El vetusto edificio de la Cárcel de San Pedro en Oruro

Mientras los vetustos muros de adobe se desploman, los techos de paja y alambre se caen, y los colchones de paja, se hacen polvo en la centenaria cárcel de San Pedro de Oruro ubicada en el centro urbano de la ciudad,  la nueva construcción ubicada a 30 kilómetros en la  zona Este no acaba de edificarse ni equipase pese a que su construcción data de hace 18  años.

El año 2018 el  penal de San Pedro que está en plena ciudad de Oruro llegó al  límite máximo de su capacidad al albergar a 800 internos cuando en ella sólo entran 250 reclusos.  Ahí viven 80 mujeres, 13 niños y 720 varones en condiciones infrahumanas pues las precarias conexiones eléctricas, las goteras, falta de baños y una pésima higiene atenta  contra su salud.

De las 80 mujeres 16 tienen sentencia condenatoria  64 están con detención preventiva una parte de ellas vive  con 13 niños, alojadas en cuartos húmedos, durmiendo en colchonetas de paja, los que tienen suerte lo hacen en catres de dos pisos de una plaza, rodeados de roedores y cucarachas, situación que también se replica en el bloque  de varones donde duermen 720 internos 500 tienen detención preventiva y 220 sentencia ejecutoriada. No hay ni un solo taller para rehabilitación, la pobreza interna es lacerante pues la población vive de lo que puede vendiendo, lavando ropa, reparando goteras y los nuevos delitos como feminicidio, robo de mineral y asistencia familiar incrementan cada día más la población.

Bolivia está entre los diez países del mundo con hacinamiento, trato inhumano a sus reclusos según una clasificación mundial que fue dada conocer por la Defensoría del Pueblo a principios de 2018, en respuesta al informe el Gobierno anunció que en coordinación con las gobernaciones y municipios construiría hasta el año 2022 tres recintos carcelarios con una preinversión de Bs.6 millones. Aunque este ofrecimiento también lo hizo el 2012.

En Oruro, hace 18 años ha empezado una titánica tarea que hasta el día de hoy no puede concretarse, es la construcción de la Nueva Cárcel de Oruro, que tiene como objetivo albergar a 300 reclusos y bajar el hacinamiento de la  cárcel de San Pedro a un 50% vale decir que se quede con 500 internos, aunque su capacidad real es de 250.

La puerta principal de Nuevo Recinto Penitenciario de Oruro

El nuevo recinto carcelario en Oruro ubicado en la parte Este de la ciudad –una de las más pobres- comenzó a construirse el año 2005 cuando el Municipio y la Gobernación lograron que la familia Peláez Velarde cediera -a título gratuito- mediante escritura 306/05 tres hectáreas de la zona de  Socamani, en la urbanización San Ana 2 detrás del nuevo Aeropuerto Internacional. El terreno está 20 minutos tomando la Plaza Central y siguiendo la carretera que lleva a la fundidora de Vinto hasta desviar al barrio de Socamani,  uno de los nuevos de la ciudad, que  hasta hace cinco años era muy peligroso por el asentamiento de bares clandestino y una mala población migrante del Perú que desde ahí planificaba y comandaba atracos y robos en la ciudad.

La construcción inicialmente empezó a cargo del Ministerio de Gobierno, la Dirección de Régimen Penitenciario y la Corte Superior del Distrito de Oruro. Régimen Penitenciario programó la inversión de Bs.1,7 millones y licitó la construcción de la primera etapa del nuevo recinto adjudicando la obra a la Constructora Boliviana Beltrán (Cobel) que acabó reajustando la ejecución hasta llegar a Bs2 millones.

El diseño establecía tres etapas el primero que contemplaba la construcción de pabellones de mujeres y varones, área administrativa, y torres de control; la segunda correspondía a muros externos y perimetrales y la tercera preveía el equipamiento –muebles y talleres ocupacionales para los internos- en el marco de la norma de Naciones Unidas.

La empresa Cobel construyó tres áreas: una para los reclusos de régimen  cerrado, la segunda para el régimen semi cerrado y la sección destinada a los reos del régimen abierto donde las celdas tienen capacidad para albergar a nueve personas con acceso a un baño higiénico. La estructura se construyó con 52 celdas con pisos y techos de máxima seguridad y fue entregada el  2010 con la construcción del bloque administrativo y el enmallado del bloque varones. Pero, no podía entrar en funcionamiento porque le faltaba alcantarillado, luz eléctrica y muro perimetral.   

Una vista de la zona de  Socamani desde la Fundidora de Vinto

El 28 de octubre de 2013  la Gobernación  por invitación directa contrato a la empresa constructora Altas Cumbres licitó para la construcción del  muro perimetral por 2,2 millones de Bolivianos. La empresa avanzó hasta un 70% la obra  sin embargo, está fue demandada por  incumplimiento de contrato por la Gobernación quienes activaron un  juicio contra la empresa que obligó a la paralización de obras y no se tiene el monto final que se desembolsó. Entretanto concluyeron las obras del 2013 que consistían en la construcción de la cocina, comedor, tanques de agua y pozo séptico.

El año 2017, la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro dispuso que la Gobernación modifique su presupuesto  y disponga de Bs800 mil para concluir la construcción del muro perimetral, el mismo que un año después fue adjudicado por invitación directa a la  empresa  EDOCAR S.R.L.  y debía concluir con la construcción de 35% del muro perimetral que aproximadamente era una hectárea, porque 2 hectáreas fueron construidas por la empresa Altas Cumbres.

La empresa  EDOCAR S.R.L. el 30 de abril de 2018 empezó las obras de conclusión del muro perimetral además colocó  el alambrado, colocó la puerta principal, cerró los espacios abiertos en las torre de control.

A finales de  junio del mismo año, EDOCAR S.R.L entregó la obra  en la oportunidad el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez Mamani, manifestó que el tema de las cárceles es muy sensible, delicado y complejo, por las condiciones en las que actualmente se vive en estos centros penitenciarios a nivel nacional.

En septiembre de 2018 la Gobernación destinó otro medio millón de bolivianos para la compra de mobiliario de la cárcel –camas, colchones, escritorios, menaje de cocina, etc.- y el Concejo de Seguridad Ciudadana anunció la inauguración del recinto primero para el mes de enero de 2019, pero se postergó para marzo.

“Hemos tocado sobre el funcionamiento del nuevo régimen penitenciario que hoy tenemos en Oruro y que no funciona hasta hoy y eso no es correcto. Por eso, por unanimidad el Consejo de Seguridad Ciudadana de Oruro acordó que se va inaugurar el 3 de julio a las 15:00 horas el nuevo penal”, sostuvo el 26 de junio el Gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

La tercera no fue la vencida, el   3 de julio de 2019,  no pudo inaugurase el Recinto Penitenciario de Oruro debido a la  recargada agenda del Ministro de Gobierno, Carlos Romero. La inauguración de una infraestructura que hace 18 años se viene deteriorando y donde los reos de San Pedro esperan que ayude a superar sus condiciones de hacinamiento de vida  infrahumanas en la que actualmente viven los reos, seguirá esperando hasta un nuevo aviso.

El exalcalde Bazán ingresando al recinto penitenciario de San Pedro en Oruro.

SOBREPOBLACIÓN  

En los últimos diez años la vieja infraestructura del Penal de San Pedro de Oruro ha tenido que soportar el hacinamiento al que somete la justicia a los privados de libertad, pues establece la detención preventiva y no alcanza a juzgarlos y los mantiene en esa condición, esta es una realidad que se replica en todas  las cárceles del país.

Según los propios registros del Penal de San Pedro de Oruro la infraestructura construida no para ser un recinto carcelario, sino que era una casona que data de la era republicana donde apenas podía albergar a 250 reclusos.

El año 2000 la infraestructura albergó a 300 personas el año 2004 llegaron a  350 reclusos, el 2007 llegó a 450 detenidos entre hombres y mujeres, el 2010 sobrepasó su capacidad al recluir a 550 privados de libertad y  el año 2015 empezó la mayor preocupación pues la población penitenciaria alcanzó a 600 internos, dos años después 2017 esta alcanzó su máximo con 800 privados de libertad, lo que alertó sobre la sobrepoblación que no solo pone en peligro al penal, sino la seguridad interna de los propios pobladores donde incluso viven 13 niños y en algunos años sobre pasó los 40.

El año 2017, para aliviar en algo este hacinamiento el Gobierno optó por indultar a varios presos que se encontraban preventivamente recluidos vale decir sin sentencia condenatoria y que estaban comprendidos entre delitos de robo (hasta de un costal de papa),  homicidio, no entrando en la lista asesinos,  violadores ni feminicidas.

Una vista del interior del penal.

En enero de 2018, este hacinamiento fue alertado a las autoridades por el Director de Régimen Penitenciario de Oruro, Fernando Rocha, quien dijo que en los últimos años la población penitenciaria se ha incrementado por tres casos: robo de mineral, por no pagar asistencia familiar y casos de violencia intrafamiliar revirtiendo así un ciclo histórico de reclusión  que era por el delito narcotráfico.

Sostuvo que a este hacinamiento se sumó el deterioro de la infraestructura construida en adobe y estuco,  con improvisadas celdas de ladrillo.

Pese a que Bolivia ha sido catalogada como el país diez del mundo con mayor  sobrepoblación penitenciaria y el cuarto de Latinoamérica, además, está catalogado como el país que mantiene a su población penitenciaria  en condiciones precarias e infrahumanas. Pese al calificativo que fue notificado al Gobierno por el Defensor del Pueblo  el año 2018, el problema persiste pues en el país hay 56 recintos carcelarios donde la población llega a 18.000 personas cuando toda la infraestructura solo puede albergar a 5.600, lo que vale decir que la capacidad está por encima de 256%.

Pese a esta lacerante realidad en las cárceles de Bolivia y habiéndose concluido hace tres meses la construcción del nuevo recinto penitenciario en Oruro, que en su ejecución llevó 18 años; ahora  un problema de agenda de una autoridad impidió su inauguración. No hay nueva fecha, pero se espera que esta sea antes de las fiestas patrias.

 





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