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    ORURO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Equivocan el camino al acudir al ministerio de Minería

Concejo Municipal puede suspender explotación de piedra en el cerro San Pedro

Una vez más el Gobierno Municipal no asume su tuición para suspender la concesión de las cooperativas La Luminosa y San Román quienes desde el año 2006, sobreexplotan piedra del Cerro San Pedro. La AJAM y Comibol perdieron competencia sobre las cooperativas mineras o sobre los explotadores de áridos y agregados con la aprobación de la Leyes 3425, 535 y el D.S. 091 que pese a tener vacíos, dice claramente que esta competencia es exclusiva de los Gobiernos Municipales y que el Concejo puede declarar una pausa ecológica.

Ruth Chuquimia Bustillos
EL FULGOR.com
ORURO
30 de junio de 2019

timer 8 min. 27 seg.


Una vista del depredado Cerro San Pedro

La falta de socialización de las leyes y desconocimiento de las autoridades de los Gobiernos Municipales sobre la aprobación de las Leyes  3425, 535 y del D.S 091 que establece que “la explotación de áridos y agregados es considerada una  actividad no minera”,  sino una actividad económica dependiente de los Gobiernos Municipales, está provocando una descontrolada explotación de piedra azul en el cerro San Pedro y una confusión en el Concejo Municipal de Oruro.

Los concejales David Choque, Henry Rojas, Janet Ledezma y Aylin Juaniquina alegando un vacío en la Ley –desconocimiento-  han viajado a la ciudad de La Paz, donde presentaron una denuncia formal ante el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) para que cese la concesión de las cooperativas mineras que operan en el Cerro San Pedro y han anunciado que se opondrán a la  “intención de renovar por otros 20 años las concesiones de las actuales cooperativas que operan en el Cerro San Pedro”.

Sin embargo, la  acción que realizaron los concejales de Oruro en La Paz expresa el pleno desconocimiento de la  Ley 3425 aprobada el  26 de junio  de 2006,  el Decreto Supremo   091 aprobado el 22 de abril del  2009 y la Ley de Minería 535 aprobada el  19 de mayo de 2014 que sustituye al Código Minero 1777, que claramente señala que: “corresponde regular la explotación de áridos y agregados a los Gobiernos Autónomos Municipales quedando excluidos de la competencia la Autoridad de Jurisdicción Minera (AJAM)”.

Las leyes 3425 y 535 y, el reglamento 091 dice  “que se considera como áridos y agregados a la arena, el cascajo, el ripio, la piedra, la grava, la gravilla, la arenilla, lama, arcilla, turba  que se encuentren en los lechos y/o márgenes de los ríos o en cualquier parte de la superficie o interior de la tierra”.

Además el Decreto Supremo 091 aprobado el 22 de abril de 2009  facultó  a los Concejos Municipales a “emitir la declaratoria de pausa ecológica, en caso que los  informes técnico-legales develen riesgos de afectación o daños ambientales que ponga en riesgo a las comunidades”.

El mismo decreto estableció que las empresas y cooperativas que tienen concesiones en explotación de áridos y agregados tenían un año, vale decir hasta el año 2010, para adecuarse o renovar sus licencias con el Gobierno Municipal.

El año 2000 la Corporación Minera de Bolivia –Comibol–  concesionó la explotación de piedra azul del Cerro San Pedro a tres cooperativas: La Luminosa, San Román y una tercera de propiedad de comunarios locales. La concesión se la realizó en aplicación al artículo 44 del Código Minero 1777 promulgado en marzo de 1997 que establecía que: “la explotación de áridos y agregados era una actividad minera sometida a las mismas normas que la explotación de minerales metálicos (oro, plata o estaño) y su fiscalización estaba a cargo de la Superintendencia de Minas”.

El año 2010 las cooperativas la Luminosa, San Román y una tercera de la comunidad que operaban en el Cerro San Pedro debían  adecuase y obtener el permiso del Gobierno Municipal, sin embargo, no lo hicieron por el contrario, continúan operando ilegalmente con la concesión otorgada por la Corporación Minera de Bolivia, pese a que esta ha perdido competencia con la aprobación de  la Ley 3425.

Concejo Municipal de Oruro

El 6 de diciembre de 2012, la alcaldesa Rossío Pimentel, en el marco del proceso de fiscalización iniciado por el diputado orureño del MAS, Franz Choque Ulloa, rindió un informe oral en la Cámara de Diputados donde denunció que “las cooperativistas –que operan no pagan ni un centavo a la Alcaldía Municipal y tampoco tenían licencia ambiental para realizar ese trabajo de explotación del Cerro San Pedro". Al frente le salió el presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Minera No Metálica Luminosa Limitada, Delfín Calsina Román, quien señaló que: “por cuadrilla pagan Bs600, que tienen un contrato de arrendamiento con Comibol de 20 años, que su licencia ambiental fue renovada recién el 2012  y que ellos   defenderán sus fuentes de trabajo". Las declaraciones de Calsina alertaban sobre una franca usurpación de funciones.

El año 2013, el municipio de Oruro en el marco de la nueva normativa presentó una denuncia por daño medioambiental al Cerro San Pedro ante la Fiscalía Departamental, el fiscal asignado Aldo Morales, logró que las tres cooperativas presenten un plan cierre y retiro de operaciones. 

La Luminosa y San Román no se retiraron, por el contrario, la Cooperativa la Luminosa   aprovechando su condición de afiliada a la Federación de Cooperativas Mineras (FENCOMI),  recibió un crédito del Gobierno a través del Fondo de Financiamiento para la Minería de Bs2,3 millones con lo que logró mecanizar su trabajo y expandir sus operaciones en el Cerro San Pedro con la explotación de arena, ripio, piedra bruta, piedra cortada y sellares.

Según la rendición de cuentas del Ministerio de Minería del año 2017 la Cooperativa la Luminosa concluirá de pagar su crédito el año 2020, mientras esto pasa, la Segunda División de Ejército anunció que repintará el gigantesco Escudo de Bolivia ubicado en la parte Norte de la Montaña.

El desconocimiento de las leyes no sólo se da en el Concejo Municipal, el 10 de octubre de 2016 el secretario municipal de Medio Ambiente, Carlos Huayta, afirmó que existía un vacío legal en la nueva Ley Minera 535, para controlar la explotación de piedra en el cerro San Pedro. “Si bien está dentro de la jurisdicción municipal, los espacios están otorgados a través de concesiones y según la nueva norma (Ley 535), la explotación de piedras y arcillas deben ser reguladas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)”, sostuvo.

Señaló que “la nueva Ley Minera 535, excluye de la catalogación de áridos a las piedras y arcillas, las cuales necesariamente deben estar reguladas por la AJAM”, sostuvo ratificando su absoluto desconocimiento a la normativa vigente.

"Cómo podemos entrar a estas concesiones mineras si no son nuestras competencias como Municipio, porque es explotación minera, estamos en ese dilema y por ende en estos días vamos a tener una reunión importante con la AJAM, para ver cómo podemos solucionar este problema porque también sabemos que ese cerro está catalogado como patrimonio", dijo Huayta.

Mientras que el concejal David Choque, uno de los tres que viajó a La Paz dijo que extraoficialmente accedieron a un dato alarmante, que estaría referido a la ampliación de los permisos de explotación a las empresas mineras.

"Fuimos los primeros en alertar de este problema, por eso que decidimos viajar hasta La Paz, para presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Minas (Minería) y también al de Medio Ambiente, ya que de manera extraoficial nos enteramos que se aceptó la solicitud de ampliación (de explotar) del cerro San Pedro por un lapso de 20 años más, lo que implica que el riesgo de desaparición, declaró David Choque.

Sostuvo que son tres los principales riesgos que existen si es que el cerro continúa siendo depredado, el primero y más notorio sería que esta área tenga daños irreparables, el segundo relacionado al escudo de armas que se ubica en este espacio que ya es característico del departamento y tendría la tendencia a desaparecer, y finalmente la posible afectación por derrumbes que podrían sufrir las juntas vecinales que se ubican en las faldas del cerro San Pedro, que ya expresaron que temen por su integridad.

Pese a los vacíos legales que puedan existir o una confusa normativa, está claro que todas las normas dan tuición a los Gobiernos Municipales – Ejecutivo y Concejo- sobre la concesión de áridos y agregados, sí intervienen otras instituciones también queda claro -en la ley- que hay una usurpación de funciones que también es penado por ley.

 





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