• close
    ORURO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Según Ley 348 de lucha contra la violencia

La evasión de la asistencia familiar es un delito económico

Con la ayuda de los empleadores, los hombres declaran salarios menores a los percibidos, los que trabajan por cuenta propia, aseguran que están desempleados, comerciantes y choferes aducen que no ganan lo suficiente, otros presentan pruebas sobre la responsabilidad con terceras personas, como una nueva familia, adultos mayores o hermanos menores que están bajo su dependencia, todo esto para evitar que su expareja disminuya sus ingresos económicos.

Evelín López Tellería
EL FULGOR.com
LA PAZ
30 de junio de 2019

timer 7 min. 3 seg.


Pese a tener cinco órdenes de aprehensión y haber golpeado a su expareja en vía pública, el Ministerio Público no actúa contra el concejal Mariano Huallpa, continúa atrincherado en la Alcaldía de Achacachi.

Ante la incapacidad de la justicia boliviana para hacer cumplir los derechos fundamentales de sus hijos, como son la alimentación, educación y vivienda; sumada a la falta de voluntad de la Policía para ejecutar cinco ordenes de aprehensión, Benita C. se jugó la última carta -sin presentir el grave riesgo a su integridad- cuando le increpó en puertas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al concejal masista de Achacachi, Mariano Huallpa Segura, por la asistencia familiar impaga de varias gestiones. Su osadía la dejó postrada en el hospital de la Mujer por los golpes y patadas que recibió, más no aún, las pensiones devengadas.

Al igual que Benita, miles de madres en Bolivia, agotan todos los procedimientos que el Código de las Familias establece para hacer efectivo el pago de las pensiones devengadas, la mayoría de las veces infructuosamente, ya que para cumplir una orden de aprehensión se requiere contar con recursos económicos  -que las madres no tienen- destinados a financiar la investigación sobre el paradero del demandado, cubrir gastos de transporte, refrigerio de los efectivos policiales que se dignen a colaborar e incluso se debe pagar sus estipendios; por ello los evasores de la asistencia familiar, como el concejal Huallpa, felices, se campean en las calles, porque se sienten “intocables”.

Sin embargo, lo que muchas madres desconocen y el sistema judicial invisibiliza, es que la Ley 348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia” en concordancia con el Código Penal (art. 250) establece que limitar, controlar o privar de los ingresos económicos y la disposición de los mismos a la mujer y los hijos, es un delito de acción penal, tipificado como “violencia económica”. El agresor puede enfrentar una pena presidiaria de dos a cuatro años, además de resarcir los daños económicos.

Fue citada para hablar de la asistencia familiar para su bebé de 11 meses pero fue brutalmente asesinada por dos policías que le cercenaron los brazos para enterrarla en un barril de cemento

INVISIBILIZACION DE LA JUSTICIA

En la gestión 2016, alrededor de 30 procesos por omisión de la asistencia familiar, catalogados como violencia económica, que fueron patrocinados por el colectivo social, “Mujeres Creando” fueron rechazados por el Ministerio Publico en los juzgados de Violencia hacia la Mujer -creados con la Ley 348- aduciendo que las mismas deben ser procesadas en las instancias familiares, según informó a EL FULGOR.com, la trabajadora Social, Paola Gutiérrez Averanga, coordinadora de la oficina Mujeres en Busca de Justicia.

A requerimiento de ésta periodista, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, que ejercía como presidente de la Corte de Justicia de La Paz, reconoció que la evasión de la asistencia familiar es un delito económico pero que ello no implica quebrantar un principio elemental en materia penal, cual es de “último ratio” (entendido como el último instrumento al que acude la sociedad para hacer justicia, siempre y cuando no hayan otras formas de control que sean menos lesivas), por ello la insistencia de la justicia para que continúen impunes los progenitores que  evaden la asistencia familiar.

Sin embargo, ahora en su condición de Fiscal ha manifestado su preocupación por los altos índices de violencia hacia la mujer que llegan incluso hasta los feminicidios, en algunos casos, por evadir la asistencia familiar.

Así ocurrió el pasado 27 de marzo, en el municipio del Villar, Chuquisaca,  escenario del trágico desenlace de una madre adolescente de 16 años y su bebé recién nacido que fueron asfixiados por la pretensión de pedir pensiones.

Según el Concejo de la Magistratura, cada año ingresan a los 94 juzgados de Familia, más de 50 mil procesos, la mayoría demandando divorcios y asistencia familiar

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó que el padre adolescente de 18 años está siendo procesado por el delito de feminicidio e infanticidio.

Ni los llamados por la Constitución para cumplir y hacer cumplir las leyes, son conscientes de sus responsabilidades familiares, en mayo, en Santa Cruz, el policía Rubén Márquez Bautista pagó Bs 14.000 a su camarada, Rubén Arubito Chiri, para que lo ayude a asesinar a su expareja, Rigoberta Barrios, con la que procreó una hija que tiene 11 meses y escondió su cadáver en un turril de cemento.

Según el jefe de la Felcc, Jhonny Aguilera, Márquez planificó el asesinato porque la víctima lo denunció por pensiones familiares en febrero y quería evitar que su esposa se entere de su infidelidad.

Más del 70% de las madres que acuden a los juzgados de familia en todo el país, sólo lograrán beneficiarse con la asignación familiar mínima  de Bs432 (establecido en Código de Familias) para el sostenimiento de sus hijos

70% ESCONDE SU PATRIMONIO

Pese a que la asistencia familiar está reconocida desde la Constitución Política del Estado, art   62, concordante con el art. 64.I que establece: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad”, los hombres, con la ayuda del sistema judicial patriarcal se dan modos para esconder su patrimonio  a fin de que el juez dictamine a su favor una asistencia mínima de Bs 432  (Bs 14 por día ) el 20% del salario mínimo nacional,  dejando a la pobre mujer toda la responsabilidad económica de cubrir con el 100% de sus ingresos la mantención de los hijos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el 30% de los padres es asalariado y en función al total ganado se descontará el 20%  de sus haberes, en tanto que el 70% es independiente, microempresario o cuentapropista y como no se puede determinar el total ganado, por regla general el sistema judicial fija la pensión mínima de Bs 432, por hijo, aunque en los hechos está no pasará de los Bs700, según la abogada de Mujeres Creando Heydi de la Riva.

La irresponsabilidad para cumplir la asistencia familiar por parte de los padres provoca que las mujeres madres enfrenten graves dificultades para la manutención de sus hijos e hijas, además de que muchas veces el sistema de justicia se convierte en un mecanismo poco eficaz y corrupto en el desarrollo de los procesos, destaca la trabajadora social, de Mujeres Creando, Paola Gutiérrez.

Las victimas silenciosas de la omisión de la asistencia familiar son los hijos, que sufren junto a sus madres el abandono y el hambre, ya que en Bolivia la asignación familiar solo cubre los gastos de alimentación para una semana

 





ElFulgor.com © 2016-2019 Oruro, Bolivia