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    ORURO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cerro San Pedro se derrumba, y después de trece años nadie encuentra la solución

Explotación irracional de áridos destruye el patrimonio natural de Oruro

El Cerro fue concesionado por Comibol a tres cooperativas mineras las más grandes, La Luminosa y San Román, cuando el Código Minero establecía que la explotación de áridos era una actividad minera que dependía de la AJAM. El año 2006 se aprobó una nueva Ley que dice que explotar áridos no es minera y da tuición a los Gobiernos Municipales, Gobernaciones y Ministerio de Medio Ambiente pero deja varios vacíos legales que impiden concluir con esta irracional y destructiva explotación.

Ruth Chuquimia Bustillos
EL FULGOR.com
ORURO
23 de junio de 2019

timer 9 min. 3 seg.


El 2008 el cerro San Pedro cuando empezaba la explotación de piedra.

Uno la contemplaba desde la planicie de la ciudad de Oruro y observaba la montaña, es el milenario Cerro de San Pedro donde los fuertes vientos golpean y, estos solos retroceden al golpear la piedra haciendo remolinos con las arenas porque se ha convertido en un protector   natural contra el viento y la arena de la ciudad de Oruro, pero hoy, los depredadores naturales –los explotadores de áridos- la han perforado, pues es la  principal cantera de piedra azul que desde hace 13 años se explota ilegalmente a vista   y paciencia de autoridades de los gobiernos municipales, departamentales y la propia población.

Hasta el año 2013, el Cerro San Pedro fue sobreexplotado por tres cooperativas mineras no metálica La Luminosa, San Román y una tercera de propiedad de “comunarios locales”. La autorización fue emitida ilegalmente -porque era un patrimonio departamental- por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) amparada en el artículo 44 Código Minero 1777 promulgado en marzo de 1997 que estableció que la explotación de áridos era una actividad minera sometida a las mismas normas que la explotación de minerales metálicos.

El 17 de enero de 2006, en el último periodo de la República de Bolivia, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé en el marco el Código Minero Ley 1777 aprobó el Decreto Ambiental Minero 2859 que estableció que la explotación de áridos era una actividad minera de competencia del ministerio de Minería y sometía esta actividad  a tener una concesión minera, permiso ambiental y designa como ente regulador y fiscalizador a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

El 21 de enero de 2006 el presidente Evo Morales se posesionó como presidente y el 26 de enero de 2006 -vale decir  cinco días después- deroga el Decreto 2859 de Veltzé y promulgó la Ley 3425 que declara  a explotación de áridos como una actividad  no minera y determina que la administración y la regulación pasen a competencia de los “Gobiernos municipales en coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes a los ríos y lechos de ríos, márgenes o cualquier superficie de la tierra”. La Ley eliminó la fiscalización y no se aprobó su reglamentación dejando un vacío legal hasta el año 2009. Los depredadores ilegales aprovecharon esto y al libre albedrío y sin pagar un centavo a nadie empezaron la destrucción ambiental en todo el país, como el caso de Oruro, se dio en el Cerro San Pedro, de la Víbora y  las dunas de arena de San Pedro.

En este vacío legal la Cooperativa La Luminosa explotó piedra hasta perforar el medio del cerro, la cooperativa San Román se asentó en la falda del cerro explotando  áridos  -ripio-  y la tercera de comunarios comercializaba grandes bloques de piedra azul que eran vendidos sobre todo para hacer tallados monumentales y abastecer de ripio y arena para la construcción de la urbanizaciones como San Pedro y Colquiri.

El año 2017 el cerro San Pedro perforado por la explotación irracional de áridos.

La explotación de áridos en el mundo y en Bolivia es un negocio silencioso pero multimillonario pues genera tres veces más dinero que lo que mueven las empresas de cemento, pues cada bolsa se mezcla con dos de arena y una de grava (piedra picada), es un negocio por lo general monopólico y con grandes afectaciones medioambientales, por eso todos los gobiernos se ocupan de aprobar normativa a su favor y en contra de la preservación.

En esta maraña de leyes  22 de abril de 2009 el Viepresidente Álvaro García Linera, como presidente en ejercicio aprobó el D.S. 091 del Reglamento Ambiental para el Aprovechamiento de Áridos y Agregados (RAAA) y ratificó que la explotación no es una actividad minera y estableció que los Gobiernos Municipales (Alcalde y Concejos Municipales) regularán el manejo y explotación de  áridos y agregados, excluye a los comunarios de la coordinación y en el marco de las autonomías incluye a los “Pueblos Indígena Originario Campesino”, cuando corresponda coordinar la explotación y el control social.  Además excluye a la  AJAM- en las tareas de fiscalización.

El 6 de diciembre de 2012, la alcaldesa Rossío Pimentel, en el marco del proceso de fiscalización iniciado por el diputado orureño del MAS, Franz Choque Ulloa, rindió un informe oral en Diputados donde dijo que los “los cooperativistas no pagan ni un centavo a la Alcaldía Municipal y tampoco tienen licencia ambiental para realizar ese trabajo de explotación del Cerro San Pedro". Al frente le salió el presidente del consejo de vigilancia de la Cooperativa Minera No Metálica Luminosa Limitada, Delfín Calsina Román, quien señaló que: “por cuadrilla pagan Bs600, que tienen un contrato de arrendamiento con Comibol de 20 años, que su licencia ambiental fue renovada recién el 2012  y que ellos   defenderan sus fuentes de trabajo". 

A estas cifras se sumó que las tres cooperativas explotan 100 toneladas/día de piedra sin tomar en cuenta la arena que se saca del lugar. Además se estimó que por  cada tonelada  ganan 200 bolivianos.

El año 2013, el municipio de Oruro en el marco de la nueva normativa presentó una denuncia por daño medioambiental al Cerro San Pedro ante la Fiscalía Departamental, el fiscal asignado Aldo Morales, logró que las tres cooperativas presenten un plan de  cierre y retiro de operaciones. El 28 de mayo de 2014, el gobierno sanciona la Ley 535 de Minería  que agravó más la confusión normativa sobre el tema.

El 2018 una vista aérea del cerro muestra los caminos y los asentamientos que van subiendo hasta el mismo cerro, expandiendo la marcha urbana en Oruro.

La Luminosa no se retiró por el contrario con la aprobación de la Nueva Ley Minera 535 el año 2015 aprovechando su condición de afiliada a FENCOMIN recibió un crédito de Bs2,3 millones del Fondo de Financiamiento para la Minería con lo que logró mecanizar su trabajo y expandir sus operaciones con la explotación de arena, ripio, piedra bruta, piedra cortada y sellares. Según la última rendición de cuentas del Ministerio de Minería la Luminosa a la fecha continúa pagando su crédito.

El año 2015, la alcaldesa Rossío Pimentel junto con las Juntas Vecinales dispuso que la  Segunda División de Ejército repintará el gigantesco Escudo de Bolivia ubicado en el cerro San Pedro con un monto de donación de Bs20.000. A esta explotación se sumó el avasallamiento de loteadores en las faldas y en el propio cerro San Pedro, donde las Junta de Vecinos, pidieron evitarlo.

En enero de 2017, artistas plásticos internacionales que participan del tallado de las dunas de arena advirtieron y denunciaron  sobre el peligro de caída del cerro y la disminución significativa de los niveles de arena en las faldas del Cerro San Pedro y junto a un  grupo de activistas ambientalistas "Oruro te Quiero Limpia" alertaron  sobre el peligro a la autoridades municipales y gobernación. El 14 de noviembre de 2017, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Oruro, Julio Cepeda, se sumó a la denuncia y advirtió a las autoridades municipales y de la gobernación sobre los riesgos del desplome del emblemático cerro San Pedro, ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Oruro, por la irracional explotación de piedra en la parte posterior.

Lilian Magne, llevó la denuncia a la Asamblea de la Orureñidad donde además advirtió que la explotación de la piedra podría traer consigo consecuencias fatales ya que esa cadena de colinas funciona como un rompevientos natural y que su destrucción provocaría que el clima en algunas zonas de la ciudad cambie radicalmente y que la ciudad se exponga a tormentas de tierra y arena. La Asamblea celebró una reunión, pero días después el tema quedó archivado.

Este ciclo de preocupaciones llegó el pasado lunes 17 de junio de 2019, cuando  el Gobernador de Oruro, Vásquez convocó a varias instituciones a retomar el tema tomando en cuenta un inminente desplome del cerro. La última opinión la dio el Concejo Municipal de Oruro que señaló que “la única solución al caso es la paralización y retiro de actividades de las cooperativas en el Cerro San Pedro” y fijaron para el 28 de julio una nueva reunión.

La falta de autoridad, la normativa anodina y la permanente queja de las organizaciones sociales y vecinales no logra desde hace 13  años resolver la depredación  al que es sometido el cerro San Pedro -que protege a la ciudad de Oruro del viento y los remolinos de arena.

El gran Escudo de Bolivia en la otra cara del cerro San Pedro





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