El concejal Fernando Ruiz Saldias advirtió este martes que, si la Alcaldía de La Paz decide rescindir de forma unilateral el contrato de concesión con la empresa La Paz Limpia, el municipio podría enfrentar un pago de aproximadamente Bs 600 millones por lucro cesante y otros resarcimientos, una cifra que, según dijo, terminaría perjudicando a todos los paceños.
“Si el señor alcalde quiere rescindir el contrato con la empresa, por los cuatro años que le quedan, se le tendría que pagar a la empresa más de 600 millones de bolivianos. Yo le pido al alcalde que lo que parece solución va a ser, a la larga, un perjuicio para los paceños”, afirmó el concejal.
Sostuvo que la Alcaldía busca romper el contrato de manera unilateral, pese a que el convenio de concesión firmado en 2016 tiene vigencia hasta 2030 y prevé mecanismos de negociación cuando existen factores macroeconómicos extraordinarios, como el incremento del salario mínimo o del precio del diésel. Según Ruiz Saldias, desconocer esas cláusulas abriría la puerta a demandas por lucro cesante y otras compensaciones económicas.
Recordó, por ejemplo, que el exalcalde Luis Revilla rescindió en 2019 el contrato con la empresa “Tersa” tras el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, decisión que derivó en un proceso judicial que continúa en Sucre y en el que el municipio podría verse obligado a pagar alrededor de Bs 70 millones o más si la empresa obtiene un fallo favorable.
Explicó que el conflicto actual se originó por el incremento de los costos operativos de La Paz Limpia debido al alza del salario mínimo y del combustible, factores que, dijo, están contemplados en el propio contrato para ser renegociados. Indicó que durante la anterior gestión municipal se avanzó en esas conversaciones entre enero y marzo, pero el proceso quedó pendiente tras el cambio de administración.
Precisó que la empresa presta nueve servicios vinculados a la gestión de residuos, entre ellos la recolección de basura, poda, lavado de contenedores y manejo de residuos patógenos. Además, señaló que emplea a 741 trabajadores, de los cuales 614 perciben el salario mínimo, lo que incrementó significativamente sus costos laborales.
El concejal también aseguró que el impacto del combustible es determinante para la operación de la empresa. Según sus datos, La Paz Limpia consume alrededor de 4.500 litros diarios para movilizar una flota de 90 camiones y el encarecimiento del diésel elevó la factura mensual que el municipio paga por el servicio de aproximadamente Bs 13 millones a Bs 18 millones.
Ruiz Saldias cuestionó la estrategia municipal de recurrir a funcionarios para recoger residuos durante la emergencia y afirmó que esa medida no resuelve el problema de fondo. También alertó que el contrato para la operación del relleno sanitario vence el 30 de agosto y que existen cuatro meses de pagos pendientes, equivalentes a unos Bs 8 millones aproximadamente, situación que podría agravar la crisis del manejo de residuos.
Como salida, propuso que el alcalde negocie un plan de pagos con la empresa, gestione ante el Gobierno la exclusión de las empresas de aseo al nuevo incremento del diésel para grandes consumidores (GRACO), complete las inversiones pendientes y prepare un nuevo proceso de contratación cuando concluya la concesión vigente, en lugar de exponer al municipio a una demanda multimillonaria.
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