El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, en conferencia de prensa en la ciudad de El Alto
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, informó que la empresa Cóndor fue incluida en el proceso civil que se desarrolla en Estados Unidos, por el pago de sobornos y compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, en la gestión del exministro de Gobierno de acto, Arturo Murillo Prijic.
“La empresa Cóndor está incluida (en el proceso civil) porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases y consintió la participación de un intermediario”, explicó en conferencia de prensa, a un año del primer año de gestión al frente de la Procuraduría General del Estado (PGE).
Explicó que en la demanda civil, la segunda que se ventila en estrados judiciales de EEUU, donde se detuvo a Murillo, se demandará la devolución del dinero robado a arcas del Estado boliviano, además del resarcimiento de daños y perjuicios, toda vez que este hecho de corrupción fue cometido en plena cuarentena por el coronavirus (COVID-19), cuando el país estaba en emergencia sanitaria y requería recursos para encarar la lucha contra la pandemia.
Murillo es acusado por los delitos de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS LLC).
Junto a él son procesados Sergio Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete de Murillo; Phillip Lichtenfeld, empresario boliviano-estadounidense, y Luis y Bryan Berkman, ambos de la intermediaria BTS LLC.
La PGE contrató los servicios de un equipo legal extranjero, para que asuma la defensa del Estado boliviano en EEUU, como damnificado por estos delitos, para hacer seguimiento y lograr el resarcimiento de los daños ocasionados.
Sobre el proceso penal, que también se desarrolla en EEUU, Chávez reiteró que para el 8 de diciembre se espera la audiencia donde el acusado deberá determinar si se declara culpable por los delitos que se le imputan o decide irse a juicio.
“Sus posibilidades (de demostrar inocencia alguna) son reducidas porque los otros implicados confesaron su culpa y todos lo inculparon” como principal responsable del ilícito, señaló el Procurador.
