La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (Fencomin Sur) tomó este jueves por la fuerza las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en el municipio de Tupiza, en rechazo a la designación de funcionarios públicos foráneos para cargos directivos.
Los manifestantes exigen al Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira que se posesione a profesionales potosinos en puestos jerárquicos de la institución minera.
En contacto con medios de comunicación, dirigentes de las cooperativas del Sur, Jaime Leaño, afirmó que las medidas de presión se radicalizarán; si la AJAM no destituye en próximas horas a estas autoridades foráneas y designa en su lugar a meritorios profesionales potosinos, porque ya están cansados del manoseo político y de que se trate con desprecio a Potosí.
En tanto, en conferencia de prensa, el diputado potosino Edgar Zegarra Bernal, junto al legislador Emilio Barrera Ramos, calificó estas cuestionadas designaciones como “un manoseo a la dignidad potosina”. “Tenemos profesionales capaces que pueden manejar nuestras instituciones. No necesitamos gente foránea que nos manden a nuestro departamento”, afirmó y añadió: “Nunca más vamos a permitir que se vea a Potosí como segundo patio”.
Zegarra lanzó una pregunta al presidente Paz: “¿Le gustaría que manden profesionales a Tarija a conducir sus instituciones? Creo que no. Entonces también respétennos a los potosinos”. El legislador recordó que Potosí es “la billetera económica de este país” y que la minería es su base productiva, por lo que demandó autoridades con “conocimiento real” de la actividad minera local.
“Nosotros estamos cansados del pisoteo a la dignidad potosina”, insistió Zegarra, señalando que el departamento “eroga más recursos al Estado boliviano y como tal va a ser respetado, no utilizado”. Advirtió que no permitirán ser tratados como “ciudadanos de tercera” y exigió que sean “constructores de nuestro propio destino”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, Emilio Barrera Ramos, respaldó la protesta y trasladó la responsabilidad de posibles conflictos al Gobierno: “Nuestra gente ya nos ha rebasado, no podemos controlar (…) que se atenga a las consecuencias nuestro hermano Presidente, si hay cualquier problema (…) no es nuestra responsabilidad”.
El conflicto expone la tensión entre las políticas de designación del Gobierno central y las demandas de autonomía regional, especialmente en un departamento clave por su aporte mineral. La AJAM se convierte así en un símbolo de esta pugna, donde la capacidad local choca con lo que los protestantes consideran imposición centralista.
La toma de las oficinas de la AJAM en Tupiza marca un nuevo episodio de confrontación entre el Estado y las regiones con fuerte identidad productiva. La demanda de los mineros y diputados potosinos podría escalar si el Gobierno nacional mantiene los nombramientos cuestionados, avivando un debate sobre descentralización y autogobierno en las regiones históricamente productivas de Bolivia.
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